Las maniobras fueron descubiertas por ARBA en siete firmas durante 2021. Ahora, analizarán años pasados.
La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) detectó irregularidades en grandes cadenas de supermercado ubicados en la provincia de Buenos Aires y reclamará unos $ 1.500 millones por evasión impositiva a siete firmas.
Según datos a los que accedió DIB, el organismo provincial realizó un operativo de fiscalización sobre las 12 principales cadenas de supermercados instalados en la provincia y detectó una evasión impositiva global de unos $ 1.000 millones.
El reclamo de ARBA, que asciende a $ 1.500 millones al sumar multas e intereses, es por las declaraciones juradas o liquidación de pagos de Ingresos Brutos por el año 2021 y alcanza a las firmas Coto, Toledo, Makro, Jumbo, Carrefour, Changomás y La Anónima. Las empresas serán notificadas este lunes.
El operativo que detectó las evasiones comenzó en junio pasado. ARBA descubrió diferencias considerables entre la cantidad de carne que estimaba comercializada y el impuesto a los ingresos brutos declarados por esas ventas.
A partir de esa pista, el organismo bonaerense decidió lanzar una “fiscalización acotada” y centró su mirada sobre las operaciones de venta de carne durante 2021 en las principales cadenas de supermercado que operan en la provincia.
Así, ARBA detectó una maniobra que se repetía en siete de las 12 cadenas. Las mismas declaraban la venta de carnes al por menor en lugar de ventas de carne en grandes superficies (que era lo que correspondía), y pagaban la mitad de lo que debían liquidar por Ingresos Brutos.
Analizarán los números desde 2018
ARBA considera que “no hay justificación ni defensa posible” para estas maniobras y que “eso es evasión impositiva”, más allá de que algunas cadenas quieran argumentar que la compraventa de carnes es una actividad “autónoma” dentro de los locales.
“Es razonable pensar que en los años previos vamos a tener diferencias similares, y todavía falta ver qué pasó con las prácticas de evasión este año”, indicaron desde el operativo.
La fiscalización actual se limitó al año 2021 y ahora se extenderá a los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Asimismo, resta ver el año 2022.
Por estas consideraciones, no se descarta que la deuda global de los supermercados termine quintuplicando el actual reclamo y alcance los $ 7.000 millones de pesos. (DIB)
