En un extenso comunicado, el Gobierno reiteró que la del 6 de julio es la oferta definitiva
El Gobierno nacional ratificó este sábado que no aumentará el valor financiero de la oferta presentada el 6 de julio pasado a los acreedores, pero admitió la posibilidad de ajustes de las cláusulas legales que dificultan el acuerdo.
En un comunicado destinado tanto al frente interno como al externo, el mensaje incluye una crítica al “acuerdo de cooperación” recientemente anunciado por tres comités de bonistas para rechazar la oferta argentina, pero también, el señalamiento de que “la Argentina desea contribuir y contribuirá a la elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las iniciativas de restructuración de deuda soberana cuando los deudores tengan apoyo significativo de los acreedores”.
Asimismo, refiere luego que “Los ajustes a los modelos de contrato elaborados por el International Capital Markets Association (ICMA), que fueron adoptados por Argentina en 2016, en la medida en que gocen de un apoyo generalizado, también serán apoyados por Argentina”.
El extenso mensaje oficial repasa el proceso negociador a partir de la oferta inicial, presentada el 21 de abril y afirma que a lo largo del mismo “Argentina ha permanecido comprometida de buena fe con sus acreedores internacionales”.
“Durante las diez semanas que siguieron a su oferta inicial, (Argentina) mantuvo numerosas rondas de discusiones y conversaciones con diferentes grupos de inversores. Ese diálogo, a pesar de sus deficiencias, fue de gran utilidad tanto para los inversores como para Argentina. Los inversores pudieron identificar mejoras en la oferta de Argentina que aumentarían el valor de sus títulos de deuda modificados, a la vez que éstos continuaban siendo compatibles con el análisis de la República y el FMI sobre la sostenibilidad de la deuda pública argentina”, indica el comunicado.
Luego, continúa, los acreedores pujaron por una modificación de la oferta oficial “en numerosos aspectos”, algunos de las cuales fueron tenidos en cuenta y otros rechazados porque, dice el texto, “habrían comprometido la probabilidad de una recuperación económica a corto plazo, e hipotecado las perspectivas de las generaciones argentinas presentes y futuras. Una reestructuración de deuda que es miope en sus objetivos no beneficia a nadie, ni al deudor ni a los acreedores”.
En una crítica velada al macrismo, el documento también señala que “si la historia financiera reciente de Argentina nos ha enseñado algo es que el objetivo de corto plazo de conseguir el apoyo de los acreedores no puede echar por la borda la disciplina de asumir compromisos sólo en la medida en que éstos puedan cumplirse a largo plazo”.
Asimismo, el Gobierno explica la mejora de la oferta presentada el 6 de julio que, dice, “mejoró el valor de los títulos de deuda modificados y abordó varias cuestiones de documentación planteadas por los acreedores, a la vez que se ajustaba a las limitaciones de sostenibilidad de la deuda”, amén de introducir “un umbral mínimo de participación” que –remarca- “denota la voluntad de Argentina de proceder sólo si existiere un amplio consenso para su propuesta de reestructuración”.
El comunicado también señala que los acreedores pretenden que la Argentina pague los honorarios de sus abogados y asesores. “Ningún acuerdo vale ese precio”, dice un párrafo altamente político que apunta simultáneamente a los frentes interno y externo, previo a la concesión de posibles “ajustes” a los modelos de contrato.
En su párrafo final, el gobierno reafirma que “Argentina tiene la plena intención de llegar a un acuerdo sostenible que no someta a su pueblo a más sufrimientos y angustias” y que “la oferta del 6 de julio es la oferta definitiva de la República a sus acreedores y representa el máximo y último esfuerzo que el país puede sostener”, por lo que “alienta a la comunidad de acreedores a aceptarla, sabiendo que de no ser así toda negociación futura será más compleja porque más difícil será la situación que enfrente Argentina”. (DIB) MCH
