La iniciativa declara a la educación como un «servicio estratégico esencial». El texto de la ley fue escrito por Alejandro Finocchiaro (PRO) con aportes de otros legisladores.
La Cámara de Diputados aprobó este jueves a la madrugada el proyecto que declara a la educación como “servicio estratégico esencial” y, en consecuencia, obliga a los establecimientos educativos a permanecer abiertos, con una guardia mínima, cuando sus trabajadores realizan una medida de fuerza. Ahora, la iniciativa que obtuvo 131 votos positivos, 95 negativos y 2 abstenciones, deberá ser tratada en el Senado para convertirse en ley.
La iniciativa fue impulsada por el titular de la Comisión de Educación y ex ministro de Educación de Cambiemos, Alejandro Finocchiaro, pero contó con aportes de diputados radicales como Carla Carrizo, de la Coalición Cívica e Innovación Federal.
Mientras que desde la Libertad Avanza cosechó apoyo, se opusieron desde Unión por la Patria como del Frente de Izquierda debido a que consideran que únicamente apunta a cercenar el derecho a huelga de los trabajadores. Los gremios docentes, en tanto, vienen planteando su rechazo y adelantaron que tomarán las medidas de acción necesarias para impedir que llegue a buen puerto.
El primero de los artículos del proyecto establece a la educación como “servicio estratégico esencial” como lo es, por ejemplo, la salud. Ello implica que en caso de huelgas debe haber guardias mínimas con personal docente y no docente presente. Se trata, en definitiva, de un golpe a los paros extensos que suelen darse en los establecimientos educativos.
El proyecto plantea un esquema en el que cuanto más largo es el paro, mayor cantidad de personal debe haber en la institución. Establece, en ese sentido, que en los primeros dos días de paro, el 30% del personal del colegio deberá estar en su puesto garantizando las clases.
A partir del tercer día, ya sea continuo o discontinuo, deberá estar el 50% del “personal directivo, docente y no docente que deba cumplir funciones en cada establecimiento educativo, en todos los niveles”. En este contexto, la huelga podrá hacerse, pero bajo esas condiciones y se computará como injustificada la ausencia del personal docente y no docente afectado a la guardia.
“Con este proyecto vamos a regular el derecho de huelga en la educación obligatoria, que es materia federal. Acá hay una colisión entre dos derechos: el de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse. Tenemos que buscar un equilibrio. Ningún derecho de la Constitución es absoluto”, señaló Finocchiaro en la presentación del proyecto.
Para asegurar el cumplimiento de la ley, uno de los artículos del proyecto especifica que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deberán informar a las autoridades sobre la “nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento” de esta medida. Esto permitiría una planificación anticipada y evitaría la interrupción total del servicio educativo durante las huelgas. (DIB)
