El juez Sebastián Casanello dispuso el fin de la intervención de la OSPRERA, que habían impulsado Mario Lugones y «Lule» Menem. José Voytenco, electo por los afiliados a UATRE, vuelve a estar al frente.
El juez federal Sebastián Casanello dispuso el fin de la intervención judicial de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera) y repuso en su conducción a José Voytenco, lo que supone un duro revés para los planes del ministro de Salud, Mario Lugones y de Eduardo “Lule” Menem, que habían operado para quedarse con la organización.
Las irregularidades de la intervención
El gremio denunció que durante el tiempo que duró ola intervención quien estuvo a su cargo, Marcelo Petroni -designado por un decreto del presidente Javier Milei-, fue denunciado por la por “haber duplicado innecesariamente la estructura administrativa, nombrando en cargos a dirigentes que perdieron las elecciones internas ” de la organización
La droguería Suizo Argentina, y sus dueños, la familia Kovalivker están en el centro de la trama judicial por los supuestos sobornos que pagaron a la conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), un escándalo que se desató a partir de la difusión de los audios de Diego Spagnuolo y que salpica a Karina Milei, la hermana del Presidente.
En las tres denuncias de UATRE contra la intervención se da cuenta de que en los últimos meses se acumularon numerosos casos de interrupciones y cortes en la entrega de medicamentos ambulatorios, oncológicos y de alto costo, lo que agravó patologías existentes y empeoró el estado de salud de pacientes en cuadros graves.
“Hasta diciembre de 2025, 476 casos habían llegado a la Justicia mediante acciones de amparo que, en su mayoría, permanecen incumplidas. Hay tres causas contra la intervención por “abandono de persona seguido de muerte”, entre ellas la muerte de José Alfredo Garavento, paciente oncológico que falleció en febrero de 2025 tras la interrupción de su tratamiento durante la intervención”, indicaron desde UATRE en el comunicado.
Por eso, como medida complementaria, el magistrado designó un veedor judicial que deberá presentar informes mensuales sobre el estado general de la obra social e intimó al interventor Petroni a entregar, en el plazo de 72 horas, un informe final detallado de la situación patrimonial y administrativa de la entidad.
