Es un gasto salarial millonario y es posible que el Cuerpo Deliberativo no le apruebe la solicitud
Tras mucho tiempo sin conocerse el dato se pudo saber que son, al menos, alrededor de 75 los funcionarios políticos nombrados por el Intendente Javier Gastón.
Los mismos están integrados por los siguientes cargos, y tienen los sueldos que se consignan: Intendente $ 2.390,672,34; Secretarios $ 1.195.336,14; Subsecretarios $ 836.735,29; Asesores A $ 717.201,70; Directores Generales Políticos $ 571.761,38, Directores A Políticos $ 478.134,44 y Director B Político $ 406.414,35.
Esto se materializa tomando un gasto salarial promedio de $ 650.000 en un costo cercano $ 50.000.000 por mes en sueldos de funcionarios políticos.
Ténganse en cuente que bajo el gobierno municipal de su padre, Juan Carlos Gastón eran dos la secretarías y las direcciones políticas alrededor de 5. Es cierto que pasaron 40 años, pero es totalmente desproporcionado el crecimiento de la planta política.
El Concejo Deliberante en el mismo período de tiempo pasó de 14 concejales a 16.
En este marco el Jefe Comunal ha pedido al Concejo Deliberante el tratamiento de un proyecto de ordenanza en el que se solicita la declaración del estado de emergencia económica, administrativa y financiera, social, sanitaria y de servicios públicos.
Surge al respecto un interrogante, Gastón, que no ha entendido la situación que se vive y mantiene 75 funcionarios políticos ¿puede manejar una emergencia económica?
El Concejo Deliberante será el que decidirá, pero ya circula en los pasillos que el proyecto de ordenanza será rechazado.
El pedido del Ejecutivo
En cuanto al pedido el Ejecutivo Municipal fundamentó en que “la propuesta está orientada a implementar medidas de carácter extraordinario para mantener el equilibrio económico-financiero a corto plazo, garantizar la estabilidad laboral y la prestación de servicios esenciales. Además, busca afrontar el aumento que se prevé en la demanda de asistencia social, sanitaria y de seguridad”.
Explicando que “el intendente Javier Gastón envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza en el que se solicita la declaración del estado de emergencia económica, administrativa y financiera, social, sanitaria y de servicios públicos para el municipio de Chascomús.
Esto implica la adhesión a leyes provinciales que declaran la emergencia y que fueron prorrogadas a través de la Ley 15.480, hasta el 31 de marzo de 2025”.
Agregando en el documento enviado al Cuerpo Deliberativo que “la sanción de dicha ley, publicada el 2 de enero del corriente año, se fundamenta en la situación actual de la República Argentina que se encuentra atravesando una coyuntura especialmente delicada, con un altísimo grado de incertidumbre respecto del devenir de las principales variables económicas y sociales”.
Y señalando que “con el deterioro de la situación fiscal producto de las medidas económicas anunciadas a nivel nacional y el impacto a nivel local que tendrán la aplicación de las disposiciones previstas en el DNU 70/23, resulta imprescindible en este contexto contar con herramientas de gestión que le permitan a este gobierno garantizar el funcionamiento del Estado, responder a las necesidades de la población y brindar los servicios que son de su competencia”.
En el mismo sentido, se manifiesta“las consecuencias de las disposiciones del gobierno nacional el 12 de diciembre de 2023 que incluyen una suba del 118% en el tipo de cambio oficial, el incremento del impuesto PAIS a las importaciones y a las retenciones de exportaciones no agropecuarias, la reducción de los subsidios a la energía y el transporte, a lo que se suman la aceleración de los precios de bienes y servicios”.
Adicionalmente, se destaca que “la actividad industrial se encuentra en retroceso y se espera una reducción en la cantidad de empleos directos e indirectos, al igual que en la obra pública”.
El proyecto indica que el contexto “comienza a tornarse crítica a nivel local, ante la liberación o falta de control de los precios de bienes básicos necesarios para la prestación de la variedad de servicios por parte de la Municipalidad de Chascomús”.
Además, se estima una “estatización de gran parte de la población que dejará los servicios privados buscando reducir gastos a través del uso de prestaciones estatales (hospitales, CAPS, escuelas públicas) y una mayor demanda de ayudas para el pago de servicios básicos y alquileres.
Finalmente se recordó que “la Municipalidad adhirió en el año 2020 a las leyes de emergencia provinciales, aunque en los años siguientes no se consideró necesario. Pero, ante la situación actual se ha considerado urgente tomar medidas preventivas, trazando un plan de emergencia que permita asegurar las fuentes laborales y la prestación de los servicios indispensables y, a su vez, poder hacer frente a las urgencias y demandas en materia social, sanitaria y de seguridad que se acentuarán en los próximos meses, más allá de las gestiones que pudieran realizarse a los efectos de obtener financiamiento específico para políticas públicas relacionadas al desarrollo social y obras”.
