Transcurrieron ya más de tres semanas de que, en el marco del balance de cierre del ciclo lectivo, integrantes del Consejo de Padres de la Escuela Municipal Nro. 1 detectaron una irregularidad de extrema gravedad institucional y legal, vinculada a la sustracción y presunto cobro indebido de fondos pertenecientes a la cuenta administrada por dicho Consejo, que derivó en la denuncia penal correspondiente, identificada como IPP Nº PP-03-01-000049-26/00, actualmente en trámite ante la UFI Descentralizada Nº 9 de Chascomús y la destitución del presidente del citado Consejo, por unanimidad por las irregularidades detectadas e inconsistencias en su relato.
No obstante, hasta el momento, el Municipio nada ha informado y el Concejo Deliberante, pese a haberse realizado un sesión extraordinaria nada ha preguntado y tampoco tratado sobre el particular.
Días atrás en una nota nos preguntábamos en porqué del silencio del Ejecutivo Municipal, dado que la escuela está bajo su responsabilidad.
Sobre el artículo algunos lectores realizaron consultas sobre cuál sería dicha responsabilidad.
Para aclarar la situación, vale recordar que la Escuela Municipal Nro. 1, que es pública, como el resto de los establecimientos escolares de la Comuna, fue creada por la Municipalidad y de ella depende, existiendo un representante legal, funcionario del gabinete del Intendente, para todos estos colegios estatales.
El Concejo de Padres, tiene a su cargo el funcionamiento del comedor, que es atendido por personal municipal.
Para que este funcione, las familias de los alumnos abonan mensualmente una cuota, en la actualidad de $ 115.000 por cada estudiante.
Pero, y esto es lo importante, el pago no es al Concejo de Padres sino que es dinero que se deposita en una cuenta bancaria del Municipio cuyo CBU es 0140331001694200408750.
El Ejecutivo Municipal, nada ha explicado, pero es posible que la misma sea una de las denominadas cuentas de terceros, con manejo por parte de autoridades del Consejo de Padres.
No obstante eso no exime al gobierno de la Comuna de hacer los controles de la documentación correspondiente para el control de los fondos y su gastos.
De esto nada se sabe y seguramente si se hubiera cumplido difícilmente habrían tenido un destino ilícito el monto mencionado como faltante, que extraoficialmente se ubica entre 60 y 70 millones de pesos.
Lo cierto es que los perjudicados, aunque parece no importar a nadie con responsabilidades de gobierno, han sido los niños que han comido mal y sus familias, que de hecho son acreedoras del dinero desaparecido.
