Guido Lorenzino dijo que en la Suprema Corte creen que un fallo a favor de la compañìa desdibujaría el rol de los pooderes judicial y legislativo de la provincia.
El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, reveló hoy que entre los ministro de la Corte Suprema de Justicia bonaerense existe “preocupación” por la resolución de la llamada causa Farmacity ya que, dijo, podría significar una “limitación de la autonomía de la provincia de Buenos Aires” en materia legislativa y judicial.
Lorenzino formuló esa advertencia horas después de que, el miércoles pasado, los camaristas Martín Irurzúm (federal porteño) y Mirta Gladys Sotelo de Andreu (federal correntina) aceptaran integrar la Corte Suprema en reemplazo de los excusados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, para fallar sobre en la causa por la cual la compañía farmacéutica busca ser habilitada para operar en la provincia de Buenos Aires.
“Lo he hablado con magistrados de nuestra Suprema Corte (bonaerense), muy preocupados porque si le hicieran lugar al planteo de Farmacity el poder judicial y el poder legislativo de la provincia casi que pasarían a ser un poder menor respecto de la Corte Suprema, que es la que decidiría sobre nuestras leyes”, dijo Lorenzino a Radio Provincia.
El Defensor se refirió de ese modo a la causa que Farmacity llevó a la Corte Suprema nacional luego de que tribunales inferiores y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires rechazaran el planteo de la compañía, que aduce que dos artículos de la ley bonaerense que impiden su desembarco en territorio bonaerense son inconstitucionales.
“Si la Corte fallara en contra, los bonaerenses no hagamos más leyes los bonaerenses, vayamos a buscar fallos a la Corte”, dijo Lorenzino, quien se quejó de la decisión original, de 2018, de abrir la vía federal para este caso, es decir la posibilidad de ir con un recurso extraordinario a la Corte nacional “cuando nada lo justifica”.
El Defensor vinculó esa decisión a la “influencia que todavía tiene” el fundador y ex CEO de Farmacity, Mario Quintana, sobre (el de la Corte Carlos) Rosenkrantz. Para el Defensor, ese vínculo es relevante más allá de que el magistrado se haya excusado en este caso y de que el empresario haya informado que ya no posee acciones de Farmacity.
“La excusación de Rosenkrantz no es suficiente, es una formalidad porque sigue sentado en la Corte”, dijo Lorenzino sobe la decisión del magistrado, nombrado a propuesta del ex presidente Mauricio Macri. El magistrado se excusó porque cuando integraba el estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados representó a Farmacity en esta causa. De hecho, Bouzat lo sique haciendo. Rosatti se habría excusado porque trabajó con Andrea Gualde, directora del área jurídica de Farmacity, cuando fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner.
Técnicamente, el planteo de inconstitucionalidad de Farmacity recae sobre los artículos 3 y 14 de la ley que establece el Régimen de Habilitación de Farmacias. El 3 establece los criterios de distribución de las farmacias, habilita una cada 3.000 habitantes y que deben estar a una distancia no menor a 300 metros. El 14 establece el tipo de sociedades que pueden tener farmacias y en su inciso 4 dice que no podrán tener fines de lucro. Farmacity es una sociedad anónima y su objetivo es tener ganancias. De hecho forma parte de las inversiones del Grupo Pegasus.
Tras la excusación de Rosenkrantz y Rosatti, el resto de los ministros, Ricardo Lorenzetti, Elena Higton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, no alcanzaron un criterio unificado que permitiera un fallo sobre el caso, por lo que debieron sortear camaristas. Así llegó a la causa Irurzúm, cuestionado por el kichnerismo, que lo acusa de ser autor de una doctrina sobre prisiones preventivas que se habría usado para perseguir dirigentes de ese sector en connivencia con Lorenzatti y Macri. Y también Sotelo de Andreu. (DIB) AL
