El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el acuerdo stand by de US$ 50.000 millones con la Argentina, un préstamo que le dará al Gobierno una inyección de fondos frescos y un marco de política económica con el cual espera terminar de torcerle el brazo a la corrida cambiaria, recuperar la confianza de los mercados y encarrilar la economía.
El nuevo acuerdo con el Fondo, que había aprobado un préstamo para la Argentina por última vez en 2003, contempla un ajuste fiscal mucho más duro al previsto por el gobierno de Mauricio Macri hasta principios de mayo, cuando la salida de inversores de la Argentina provocó una fuerte depreciación del peso que desató un efecto dominó y forzó al Gobierno a implementar un «gradualismo» más vertiginoso.
La aprobación del board del Fondo liberará de manera automática un tramo de US$ 15.000 millones de los fondos totales que obtuvo el Gobierno, que serán transferidos por los miembros acreedores desde sus respectivas cuentas del FMI a cuentas de liquidación designadas por el Banco Central en el Banco de Pagos Internacionales (BIS, según sus siglas en inglés) en Basilea, Suiza, en dos días hábiles.
El Central, ahora bajo el liderazgo de Luis Caputo, girará luego la mitad de esos fondos al Tesoro. Caputo reemplazó a Federico Sturzenegger quien firmó la Carta de Intención a la directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, junto al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en la cual el Gobierno solicita el respaldo formal del Directorio Ejecutivo del organismo al programa presentado por la Argentina.
El acuerdo con el FMI le permitirá al Gobierno acceder a una línea de crédito sustantiva para financiarse durante los próximos tres años, un tiempo que intentará utilizar para terminar de cerrar la brecha fiscal a un ritmo más acelerado y domar la inflación, la cual, según las proyecciones convalidadas por el equipo económico de Macri cerrará el año por encima del 27 por ciento.
«Este cambio es inevitable dada la volatilidad del mercado financiero que Argentina ha experimentado y el impulso inflacionario en curso tras la reciente depreciación del peso y los aumentos en los precios mundiales de la energía», justifica la Carta de Intención que envió el Gobierno a Lagarde.
El programa acordado con los técnicos del Fondo redundará en un nuevo «gradualismo», más duro y más acelerado al que sucumbió ante la arremetida de los inversores contra el peso, que se ha depreciado ya más de un 60% este año. Ante esa realidad, el Gobierno decidió apretar las metas fiscales, avanzar con un recorte más profundo del gasto público y cortar el financiamiento del Banco Central al Tesoro.
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