La decisión del máximo tribunal de la República pulveriza las fronteras impuestas por el séptuple gobernador y vuelve a instaurar el imperio de la Constitución Nacional en Formosa
Gildo Insfrán, el séptuple gobernador de Formosa, no está acostumbrado a derrotas políticas de ningún tipo desde hace casi un cuarto de siglo. Todas las elecciones para él son un trámite, en una provincia donde casi el 70% de la población depende del empleo público, está vinculado a la obra pública o es proveedor del Estado.
El escenario de cuarentena solo le dio mayor inercia a la única industria cultural desarrollada dentro de los límites de la provincia, una máquina aceitada que funcionaba no solo con la dependencia sino también con el miedo.
Por eso no fue difícil reforzar un sistema represivo para adaptarlo a la nueva normalidad en un contexto de emergencia sanitaria por el coronavirus. Modificó el Código de Faltas, agravó las penas y hasta le dio atribuciones para resolver sobre cuestiones penales a los jueces de faltas. De la misma manera la Legislatura provincial, donde Insfrán tiene 22 diputados sobre 30, aprovechó y modificó en plena cuarentena el Código Tributario provincial en el peor momento de los comerciantes.
Con las herramientas suficientes lo que siguió era previsible, por un lado el organismo de Defensa al Consumidor realizando una caza de brujas con el empresariado privado que no tenía relación con el Estado formateando el mapa comercial asistido por la Dirección General de Rentas de la provincia y por el otro una policía dotada de elementos para llevar adelante un virtual estado de sitio de una cuarentena durísima.
El gobierno de la provincia tiene un sistema sanitario público con hospitales de cabecera en todos los municipios del interior y en varios barrios de la capital que suelen contener con dificultades a la gran cantidad de pobladores sin obra social. Un Hospital de Alta Complejidad, con el único laboratorio de microbiología molecular donde se realizan los análisis de PCR para COVID 19.
En el trámite se adaptó otro hospital, que hace por lo menos cinco años está terminado pero no funcionaba. Ahora el “Evita” tiene un ala que funciona como un Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, donde están internados actualmente los 21 casos positivos de coronavirus toda la provincia, la mayoría asintomáticos.
Hasta aquí todo estaba bajo control, el sistema sanitario no presentaba signos de estrés, ni siquiera las interminables filas para los turnos por la cuarentena y los servicios de salud suspendidos salvo emergencias.
Insfrán cerró los límites de la provincia al inicio de la cuarentena y para la segunda semana de aislamiento tenía cerca de 4 mil formoseños varados por todo el país pugnando por entrar. El sistema de ingreso administrado se transformó con el transcurso de los meses en una frontera interior en donde nadie pasaba y las solicitudes al Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 no eran respondidas.
Pero el estatus sanitario era la nave insignia porque no había contagios, hasta que llegaron. Luego el planteo pasó de cero contagios a cero muertos por coronavirus, hasta que llegó el primer muerto. Aún así no había circulación comunitaria, hasta que la hubo.
Cada una de las etapas de la pandemia se daba en menor medida porque claro, la provincia estaba bloqueada al exterior, nadie podía entrar desde Chaco o Salta sin embargo la frontera con Paraguay era un colador. Fue precisamente en el municipio de Clorinda en la frontera donde se dieron los contagios comunitarios. La solución fue un bloqueo total de Clorinda que dura hasta estos días.
Insfrán llegó a suspender el ingreso de personas cuando se dieron los primeros contagios en un centro de cuarentena. La obsesión de mantener a como dé lugar un estatus destacado por el propio presidente de la república, Alberto Fernández, quien llegó de visita a la provincia en plena pandemia y no respetó los protocolos de distanciamiento y uso del barbijo.
Pero en una situación dinámica, los médicos le comunicaron a Insfrán, que si los contagios se volvían comunitarios en la capital de la provincia, los hospitales no tardarían en colapsar. No solo perdería la propaganda triunfalista sino también dejaría al desnudo las limitaciones de la estructura hospitalaria.
Los formoseños varados que ya llevaban más de cinco meses sin poder ingresar recurrieron, primero a la justicia provincial, con varios hábeas corpus. De manera previsible fueron rechazados y acudieron a la justicia federal.
Fue el juez federal subrogante, Fernando Carbajal, el que otorgó el primer hábeas corpus y le ordenó a la provincia el ingreso en el lapso de cinco días de varios varados. En otro fallo declaró la inconstitucionalidad del ingreso administrado. Esta decisión también fue el inicio de la furia de quien siempre hizo y deshizo dentro de la provincia sin oposición.
El magistrado fue atacado por todos los funcionarios Poder Ejecutivo por encargo del gobernador, pero fue el ministro de Gobierno de la provincia, Jorge González, el que se encargó de una campaña sistemática de desprestigio.
González acusó a Carbajal de crear el “Estatuto del contagio”, de ser un juez de “Cambiemos”, de querer derribar las barreras sanitarias, de inmiscuirse en políticas sanitarias que eran competencia de la provincia. Se sumó el Superior Tribunal de Justicia que también por encargo intimó a la Justicia Federal a no involucrarse, luego fue la Legislatura que aprobó una norma, dándoles rango de Ley a las estrategias sanitarias de la provincia. Luego aparecieron carteles por toda la ciudad también atacando al magistrado. En el Congreso de la Nación los diputados por Formosa presentaron un pedido de juicio político. En la Cámara de Senadores aprobaron los pliegos de la reemplazante en el Juzgado Federal de Formosa. Carbajal solo estaba empezando, luego vinieron 900 Hábeas Corpus más concedidos.
Insfrán endureció su postura, los que ingresaran por la vía judicial deberían pagar 80 mil pesos de gastos, los que lo hicieran por el ingreso administrado lo harían gratis.
Luego llegó Amnistía Internacional Argentina, la denuncia por la violación de los derechos humanos y los Hábeas Corpus llegaron a la Corte Suprema de Justicia. El 17 de noviembre, día del militante, las calles de toda la provincia se llenaron de partidarios apoyando a su compañero conductor. Estaba claro que la bajada de línea era que en la provincia solo da órdenes una única persona.
Pero llegó la decisión de la Corte Suprema y no dejó lugar a dudas, en quince días Insfrán deberá dejar entrar a 7.500 formoseños en contra de su voluntad. La decisión judicial del máximo tribunal del país le cae al gobernador más poderoso de la región como un balde agua fría. Han vulnerado su feudo, han pasado por arriba de su poder, no le pidieron permiso.
A pesar de la locura vivida con un enfrentamiento en donde la premisa oficial era “acá no se rinde nadie”, Insfrán sabe reconvertirse. No por nada está desde hace 25 años, con gobiernos afines o sin ellos. Mientras la Coparticipación Federal llegue lo demás es accesorio.
El silencio será la primera reacción, luego la negación, minimizar el papelón. En ninguna hipótesis cabe que Formosa entre en un estado de sedición o desacato. De hecho hace un tiempo el Consejo de Atención a la Emergencia viene adecuando colegios para recibir a más varados. Ya han permitido en las últimas horas el ingreso de las personas en el límite con el Chaco. Llegaron hasta lo último. El escándalo le picó al presidente cerca de los pies pero Insfrán no irá mucho más allá. Acatará la decisión de la Corte.
La misión de los organismos de derechos humanos y de los abogados patrocinantes como la propia Corte, debería ser, controlar que no se tomen represalias con los varados que por fin pueden entrar. Hoy pueden ingresar, pero en esa provincia el amo absoluto sigue siendo Gildo Insfrán.
* El autor es licenciado en Comunicación Social.
(Fuente: Infobae)
