El día después del discurso del presidente Alberto Fernández en el Congreso de la Nación para dar inicio a las sesiones ordinarias, el fiscal Carlos Rívolo salió al cruce de las declaraciones sobre la Justicia y afirmó que las modificaciones de la ley orgánica del Ministerio Público que quiere impulsar el Gobierno no es una reforma, es «casi un pelotón de fusilamiento».
«La ley de reforma que se impulsa es criticada porque no es una reforma, es casi un pelotón de fusilamiento. Queremos procesos más rápidos, ¿vamos a crear un tribunal de garantías federales cuando esa competencia ya la tiene la Corte?», indicó el titular de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación (AFFUN) en diálogo con radio Mitre.
«Es cierto que el régimen del Poder Judicial, como muchos otros, es especial. Pero decir que jueces, fiscales y defensores no pagan ganancias es falso. Esto se modificó en 2017. Son 141, entre jueces, defensores y fiscales, los que pagan ganancias a pleno. Hoy el Poder Judicial es el que más aporta al sistema solidario», dijo.
Además, y tras el pedido de apoyo al Congreso que hizo ayer el mandatario, Rívolo aseguró que si estos cambios avanzan, dejarán «un Ministerio Público Fiscal completamente endeble», porque investigar las causas vinculadas al poder se va a convertir en un trabajo «imposible».
El ataque radicalizado del Presidente a la Justicia
Las declaraciones del fiscal llegaron horas después de que Fernández destacara como uno de los ejes de su discurso de ayer sus embates contra la Justicia y su funcionamiento. En ese sentido, el mandatario anticipó la presentación de una batería de proyectos de ley para insistir en la reforma del Poder Judicial, entre ellas una nueva modificación en la ley de Consejo de la Magistratura para «despolitizar» su composición.
Asimismo, reclamó a los legisladores la aprobación de los proyectos para modificar la Justicia Federal y la ley orgánica del Ministerio Público, ambos con media sanción del Senado y demorados por falta de apoyo en la Cámara baja.
Esta iniciativa busca concretamente: modificar las mayorías necesarias para designar y remover al Procurador General, limitar temporalmente a cinco años en el cargo al Procurador General, dar mayor injerencia a la Comisión Bicameral de Seguimiento en funciones propias del Ministerio Público, y modificar la integración y funcionamiento del tribunal encargado de sancionar y remover a los fiscales. (Fuente: La Nación)
