Así lo sugirió la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca. Argumentan que el crédito récord otorgado por el Fondo al país en 2018 estuvo fuera de los términos del estatuto y que, por eso, debe haber “flexibilidad” para negociar el nuevo acuerdo
El Gobierno tiene en carpeta reclamar al Fondo Monetario Internacional que acepte negociarun programa financiero que tenga un plazo de repago más prolongado que lo establecido en los estatutos del FMI. Así lo dejó entrever este domingo la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca Bocco, que sugirió que la postura argentina será la de buscar algún tipo de “flexibilidad” en el tira y afloje con los técnicos del organismo para devolver el crédito de USD 45.000 millones bajo la premisa de que el préstamo otorgado durante el mandato de Mauricio Macri también estuvo fuera de los términos estándar de Washington.
Las negociaciones con el FMI entrarán en las próximas semanas en una nueva etapa cuando el ministro de Economía Martín Guzmán viaje a la capital norteamericana para mantener una serie de encuentros presenciales, entre ellos con la directora gerente del Fondo Kristalina Georgeiva, luego de un prólogo de reuniones virtuales desde principio de año.
El Ministerio de Economía se había planteado una hoja de ruta preliminar en las conversaciones con el FMI que incluía, en un escenario ideal, un acuerdo cerrado antes de mayo, que dé tiempo a una negociación con los países del Club de París, a los que la Argentina debería pagarles unos USD 2400 millones a fines de ese mes si no llega a un acuerdo antes para reprogramar ese vencimiento.
El Gobierno sugirió que buscará algún tipo de flexibilidad en el tira y afloje los técnicos del organismo para devolver el crédito de USD 45.000 millones.
Pero el equipo económico ahora relativiza la necesidad de ajustarse a ese calendario y no descarta que el acuerdo con el organismo financiero pueda ser más adelante en el año. “Necesitamos un buen acuerdo con el Fondo, no uno que se cierre en abril, mayo o junio. Un buen acuerdo es uno que le permita a la Argentina pagar”, comentó este domingo Cecilia Todesca Bocco en declaraciones radiales.
En ese sentido, marcó que parte de la discusión técnica que sostiene el Palacio de Hacienda con el staff del Fondo tiene que ver con “cuánto puede pagar por año” la Argentina al Fondo Monetario. Esa es la discusión. El país tiene que tener pesos, transformarlos a dólares, y pagar. Cuál es la secuencia y cuánto se puede pagar por año”, es parte de la discusión actual, marcó la funcionaria. Solo para graficar, un acuerdo a 10 años implicaría en promedio girar al Fondo unos USD 4500 millones por año.
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La vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca Bocco dijo que el Gobierno y el FMI discute cuánto puede pagar por año el país.
La respuesta a esa pregunta incluye un elemento central del acuerdo financiero que busquen firmar la Argentina y el FMI: cuánto durará. En términos generales, los programas de facilidades extendidas como el que explora el ministro Martín Guzmán tienen, por estatuto, un término máximo de duración de 10 años. Pero eso podría ser puesto a prueba durante esta negociación.
El sábado en una entrevista radial, Guzmán afirmó que el FMI “lo que va a hacer es trabajar dentro de las reglas del juego de la Arquitectura Financiera Internacional”, que apunta a un acuerdo de facilidades extendidas. “Nuestra premisa es que conducimos nosotros; nos debemos un programa económico plurianual que le haga bien a la Argentina”, enfatizó en declaraciones a AM 750.
Este domingo, de todas formas, Todesca admitió que “puede haber lugar para flexibilidad” en los términos y condiciones de plazo que sean incluidos en el programa final. La lógica que persigue, explicó la funcionaria, es que la renegociación del programa no tendría por qué ser tan rígida respecto al estatuto del Fondo considerando que el crédito otorgado en 2018 (por un total de USD 57.100 millones, el más grande de la historia del organismo), según argumentó en su momento la vicepresidente Cristina Kirchner, fue “ilegal” y violó las normas del propio FMI, algo que el organismo ha negado expresamente.
En todo caso, la opinión de la vicepresidente tiene un peso decisivo en las acciones y objetivos del gobierno. Y según le dijo un funcionario cristinista al diario británico Financial Times, Cristina busca que la negociación de un acuerdo con el FMI se debe realizar una vez que afloje la pandemia, argumento también ligado a la inconveniencia de firmar un acuerdo con el organismo camino de las elecciones legislativas de fines de este año, en el que la coalición de gobierno buscará retener la mayoría en ambas cámaras del Congreso.
En términos generales, los programas de facilidades extendidas como el que explora el ministro Martín Guzmán tienen, por estatuto, un término máximo de duración de 10 años.
“La hipótesis (del programa firmado entre el Fondo y el gobierno de Macri) era que ingresa el dinero, se recupera la confianza y el país podía volver al mercado internacional. Eso no pasó y en cada revisión que hacía el staff la Argentina estaba peor. El impacto recesivo fue enorme y los errores fueron muchos. No es natural lo que pasó”, concluyó Todesca en una entrevista con Radio 10.
Tal como adelantó Infobae, el monto del crédito a la Argentina ya comenzó a ser discutido en la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, que se encarga de hacer un seguimiento y análisis de las decisiones del directorio o del equipo técnico del organismo financiero. Si bien algunos expertos coinciden en que la última experiencia fallida entre el FMI y la Argentina es reciente para que exista una evaluación a fondo sobre el programa stand-by, en algunos informes de coyuntura el caso argentino comenzó a aparecer.
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Martín Guzmán podría viajar a fin de febrero a Washington para entrevistarse con Kristalina Georgieva y con Yanet Yellen.
Hace algunas semanas la oficina independiente planteó cuál será la agenda a tratar para este año y para 2022. En un listado preliminar identificó: la respuesta del FMI ante la pandemia, las recomendaciones de política fiscal del Fondo como una herramienta contracíclica, los préstamos a países de bajos ingresos, las metas de desarrollo sustentable y la política de acceso “excepcional” a fondos del organismo.
Es en este último punto en que entra el caso argentino. “La política de acceso excepcional del Fondo se introdujo en 2002 para proporcionar un marco para orientar las decisiones sobre préstamos a los miembros en montos que exceden los límites normales de acceso para atender necesidades de balanza de pagos particularmente importantes”, explicó un documento de la OEI.
“Desde 2016, ha habido tres casos de acceso excepcional: el Acuerdo Stand-By (SBA) de 2018 con Argentina, así como los acuerdos con Ecuador y Egipto en 2020 para ayudar a abordar los desafíos de la pandemia COVID-19″, continuó. El objetivo de la evaluación será analizar “en qué medida la política de acceso excepcional ha podido cumplir su objetivo de aplicar condiciones más estrictas para los préstamos del Fondo que las que se aplicarían en los casos de acceso más normal para tomar en cuenta los riesgos adicionales involucrados”. Para eso, se planteó dos posibilidades: realizar un informe global con distintos casos “de alto perfil” a lo largo de los últimos años o, como alternativa, realizar un informe corto “centrado en un caso particularmente difícil, Argentina”, concluyó la OEI.
El monto del crédito a la Argentina ya comenzó a ser discutido en la Oficina de Evaluación Independiente del FMI, que se encarga de hacer un seguimiento y análisis de las decisiones del directorio.
En las próximas semanas parte de esas discusiones entre el Palacio de Hacienda y el FMI podrían comenzar a cerrarse. Según anticipó el presidente Alberto Fernández, el Gobierno trabaja con miras a un viaje a fin de mes de Martín Guzmán a Washington en el que buscará entrevistarse con Kristalina Georgieva y el resto del staff que la acompaña para el caso argentino. Otra parte de la visita podría ser en la Casa Blanca, en caso de que pueda acordar un encuentro con la titular del del Tesoro de los Estados Unidos Janet Yellen.
El apoyo del país norteamericano al nuevo programa será una de las claves de los próximos meses: Estados Unidos es el país con mayor peso en el directorio del Fondo y es el único, además, que tiene poder de veto.
