Envió dos proyectos por separado a los gobernadores y legisladores. Busca avanzar con privatizaciones y restituir el Impuesto a las Ganancias.
El Gobierno nacional distribuyó hoy a los gobernadores y legisladores un borrador de una nueva “Ley de Bases” (también conocida como “Ley Ómnibus2) y por separado una reforma fiscal, en un intento por avanzar con las normativas tras el fracaso en la Cámara de Diputados a principios de febrero.
El borrador de la “Ley Ómnibus” contiene unas 177 páginas y busca declarar “la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año”. El mismo mantiene el perfil del proyecto anterior con la delegación de facultades al Presidente por un año y el permiso para concretar privatizaciones de empresas públicas.
En lo que respecta a la reforma del Estado, el Gobierno fija la posibilidad de “reorganización, centralización, transformación, fusión, escisión, disolución total o parcial y transferencia a las provincias” de organismos de la administración central o descentralizada. Excluye de este punto a las universidades, al Conicet y al INTA.
En tanto, la iniciativa busca la habilitación para avanzar con las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina y Radio y Televisión Sociedad del Estado; e implementar un sistema mixto (de privatización y concesión) para AySA, Correo Argentino, Corredores Viales, Belgrano Cargas, Sociedad Operatoria Ferroviaria y el Yacimiento Carbonífero Río Turbio. En este punto, excluye a YPF y el Banco Nación, las cuales “sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societaria”.
En lo que refiere al empleo público, el proyecto señala que “el personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación”. Y después de ese tiempo “quedará automáticamente desvinculado”.
Por otro lado, entre otras medidas, intenta avanzar en una nueva actualización de jubilaciones (que sería de manera mensual y por el Índice de Precios al Consumidor) y plantea que “el Poder Ejecutivo nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización” de hidrocarburos “en el mercado interno”.
De manera separada, el Ejecutivo también mandó a las provincias y a los legisladores el proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Esta iniciativa, de 115 páginas, tiene como objetivo “normalizar la carga tributaria sobre los contribuyentes argentinos y asegurar la recaudación de impuestos al patrimonio en justa medida”. Entre otras cosas, impulsa un blanqueo de capitales y busca restablecer la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. (DIB) MT
