Al final, el Gobierno cumplió con la advertencia que había realizado hacia fines de la semana pasada. Esta tarde, el ministro Jorge Triaca envió a la Justicia nacional del Trabajo el pedido de ejecución de la sanción impuesta al sindicato de Camioneros por el incumplimiento de una conciliación obligatoria en diciembre último, es decir el pedido de embargo preventivo de las cuentas del gremio conducido por la familia Moyano.
Si la Justicia del Trabajo de primera instancia se hace eco del pedido de la cartera laboral, las cuentas de Camioneros podrían ser embargadas por primera vez desde que Mauricio Macri asumió en el poder. Sería, incluso, el primer antecedente en ese sentido en el sindicato manejado por Hugo y Pablo Moyano.
La presentación de Triaca, que en las últimas semanas se cruzó algunos mensajes con el líder sindical a través de diversos emisarios, se dio a raíz de la negativa de Camioneros de pagar la multa de $810 millones impuesta por la Justicia por no haber acatado una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio a fin del año pasado.
Más allá de lo que decida la Justicia, la relación entre el camionero y el Gobierno entró en su etapa de máxima tensión. La semana pasada, antes del viaje a Sudáfrica, Macri había dejado trascender entre sus colaboradores que Moyano no se adaptaba a los «cambios». El líder sindical había amenazado con un nuevo paro y había comparado a la gestión de Cambiemos con la dictadura.
«Camioneros incumplió la conciliación en diciembre del año pasado, como lo hizo también en junio de este año, y la aplicación de la multa es por el incumplimiento», había explicado Triaca.
Y agregó: «Acá no hay espacio para la impunidad ni para que ninguno se pueda llevar las cosas por delante».
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