Santiago Cafiero afirmó que la vacuna contra el coronavirus seguirá siendo optativa, por lo que «no puede haber una política de sanción». Cecilia Todesca dijo que se buscarán «los mecanismos para que empresarios y trabajadores se pongan de acuerdo» respecto a la presencialidad laboral.
El gobierno nacional salió al cruce de la propuesta sancionatoria de la Unión Industrial Argentina (UIA) de no pagar salarios a los trabajadores que no se vacunen contra el Covid-19. “No debería existir ninguna política sanitaria dictada desde las empresas”, sentenció el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
La determinación de Cafiero fue una respuesta a la iniciativa planteada días atrás por el titular de la entidad industrial, Daniel Funes de Rioja, quien en una tormenta de ideas sobre el contexto sanitario por la pandemia sugirió cortar los ingresos para incentivar a la vacunación.
«Aquel que está con primera dosis ya puede ser convocado (a trabajar), pero se genera el problema con los que no quieren vacunarse. En ese caso nadie puede obligarlos, pero nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias. Por lo tanto entendemos que en esos casos cesa la dispensa y cesa la remuneración», expresó.
Además, en su idea de avanzar hacia un “entorno más propiciable” para retomar la presencialidad laboral, el empresario fue más tajante y lanzó una amenaza: “No vacunarse tiene sus consecuencias”.
La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, también habló del tema y pidió: “Vayamos paso a paso, primero avancemos en la vacunación” y “después veamos cómo va a ser la vuelta al trabajo”.
La respuesta del Gobierno: “No puede haber una política de sanción”
La idea fue rechazada de plano desde la Casa Rosada, que puso el acento en el carácter optativo de la vacunación contra el coronavirus. “No puede haber una política de sanción vinculada a eso si la vacuna es optativa», respondió Santiago Cafiero durante una entrevista por radio La Red y luego fue más firme.
“No debería existir ninguna política sanitaria dictada desde las empresas, eso no corresponde», sentenció para, de paso, marcar la cancha y dejar claro que las decisiones sobre la estrategia de salida de la pandemia la define el gobierno nacional.
Por su parte, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, también se refirió al tema y deslizó un pedido de cautela dirigido a Funes de Rioja. “Vayamos paso a paso, primero avancemos en la vacunación” y “después veamos cómo va a ser la vuelta al trabajo”, dijo en declaraciones a Radio 10.
El eje del argumento de ambos funcionarios se centra no solo en el respecto por el carácter optativo de la vacunación sino, sobre todo, en los resultados de la campaña sanitaria desplegada en todo el país y en la velocidad que esto podría implicarle a la vuelta a la presencialidad laboral.
En este sentido, tanto Cafiero como Todesca recordaron que la Argentina ya tiene al 80 por ciento de los mayores de 18 años vacunados al menos con una dosis contra el coronavirus y poco más del 20 por ciento con el esquema completo de dos dosis.
La vacunación seguirá siendo optativa
“Dejemos que pase agosto, que vamos a avanzar mucho con la aplicación de segundas dosis”, y una vez dadas las condiciones sanitarias para decidir más aperturas de actividades y circulación “vamos a encontrar los mecanismos para que empresarios y trabajadores se pongan de acuerdo” en cómo será la vuelta al trabajo, explicó Todesca.
Lo que Cafiero dejó claro es que el gobierno nacional mantendrá su postura de “continuar con la vacunación de modo optativo”. Con esa estrategia “tenemos una gran aceptación” por parte de la población, agregó.
“La Argentina es uno de los países que más viene vacunando en este tiempo” y “por lo tanto no puede haber una política de sanción vinculada a eso si la vacuna es optativa«, dijo para insistir en el rechazo a la idea lanzada durante desde la UIA.
Qué más dijo Funes de Rioja
Durante la reunión de la Junta Directiva de la entidad fabril el lunes pasado, Funes de Rioja consideró que debiera cesar «la dispensa que la norma le autorizaba a no trabajar, que en muchos casos ni siquiera de forma remota pero seguían recibiendo sus haberes u otras asignaciones”. “Esta obligación atendía un principio de buena fe por la cual había una contraprestación porque no había vacuna. Ahora existe y esto tiene una contrapartida que es el cese de la obligación del pago respectivo», agregó.
«El punto central es el cuidado recíproco y ante la disponibilidad de la vacuna no se puede imponer, pero no vacunarse tiene consecuencias«, insistió.
(Fuente: Página 12)
