Guillermo Francos admitió que podrían reveer la norma. Más de 60 entidades, entre ellas la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) expresaron su preocupación.
Durante su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete Guillermo Francos se mostró abierto a rever el polémico decreto de Javier Milei que modificó los criterios de la ley de información pública con el fin de proteger datos “privados” de sus funcionarios. “De ninguna manera la intención del gobierno nacional es poner opacidad a la información pública, sino ordenar los pedidos de acceso a la información”, justificó el funcionario, quien se mostró abierto a las críticas de la oposición y hasta abrió la posibilidad de una derogación.
“Modificaremos el decreto si fuera necesario, haremos las consultas. Estamos dispuestos a analizarlo y que también ustedes puedan entender las dificultades que vemos y encontramos para acceder a todos los requerimientos”, concedió Francos, que aseguró que en el Gobierno son conscientes de que se trata de un derecho constitucional, que está en los tratados internacionales y “en los principios rectores de la OCDE”.
El jefe de Gabinete reconoció que al oficialismo “no le pareció” que el decreto violara la Constitución. “Recojo las inquietudes que ustedes han planteado aquí y se las voy a transmitir al Presidente de la República”, señaló, dirigiéndose a la oposición. Y añadió: “Veremos si tenemos necesidad [de modificarlo], aunque no sé si de derogarlo, porque la intención ha sido tratar de ordenar el tema del acceso a la información por la cantidad de tarea administrativa que demanda”.
En ese sentido, Francos aseguró que recabó información de los distintos ministerios y que “en todos hay alrededor de 700 y pico” de requerimientos de acceso a la información pública. “Lo que hemos tratado de hacer es ordenar, de ninguna manera restringir”, insistió.
Sin embargo, sí justificó la “diferencia de criterio en la interpretación” en torno al concepto de “buena fe”. Francos aseguró que “entiende la diferencia entre un particular y un funcionario público”, pero también sostuvo que “el principio de buena fe tiene que ser para todos”. “El Gobierno entendió que algunos mecanismos se utilizaban no en la senda de la buena fe, sino la contraria, por eso estableció que la buena fe debería ser de las dos partes”, añadió.
Polémica abierta
El gobierno de Javier Milei avanzó en la modificación de la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, a través de la redefinición de la terminología y con la limitante al acceso de la “información privada”. De esta manera, a través del Decreto 780/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Presidente busca reforzar la protección de datos suyos y de sus funcionarios, además de evitar polémicas como la que tuvo lugar hace algunos meses cuando la prensa quiso saber detalles acerca de los perros que viven en Olivos.
Las restricciones implementadas por el Poder Ejecutivo ponen en jaque el espíritu de la ley de acceso a la información pública sancionada en 2016, una herramienta clave para promover la participación ciudadana en la transparencia y el control en la administración pública. La normativa obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a empresas, partidos políticos, universidades y gremios que reciban aportes públicos, a responder las solicitudes de información que eleve cualquier ciudadano en un plazo no mayor a un mes.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó ayer su preocupación su preocupación al respecto, a la que se sumaron más de 60 organizaciones civiles. “El Gobierno nacional ha incorporado a la reglamentación de la Ley 27.275 excepciones que, por su amplitud y vaguedad, podrían habilitar a los funcionarios a incumplir su obligación de permitir el acceso a la información pública bajo el pretexto de genéricos daños y perjuicios o con fundamento en un supuesto interés público”, señaló en un comunicado la asociación que nuclea a los principales medios de comunicación del país.
En su mensaje, Adepa afirmó que esas restricciones podrían afectar tanto el respeto de los principios receptados por la ley como los estándares constitucionales e internacionales en esta materia. Según la asociación, algunos de los cambios ahora introducidos, al permitir múltiples lecturas, podrían ocasionar aplicaciones restrictivas y claramente incompatibles con el texto legal, con los principios constitucionales y con los tratados internacionales que imponen “el acceso irrestricto a toda información que se vincule con el desempeño de los funcionarios públicos y el uso del erario”. (DIB)
