La Justicia elevó hoy a juicio oral la causa contra Guillermo Berra, titular de Asuntos Internos de la Policía bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal, acusado por el presunto espionaje de personas que no tenían que ver con los objetivos del área a su cargo.
La decisión fue adoptada por el Juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio, luego de rechazar los planteos de nulidad y de sobreseimiento interpuesto por Marcelo Peña, abogado defensor de Berra, quien adelantó que apelará la decisión ante la Cámara de Garantías de La Plata, por lo que hasta que eso no se resuelva no se sorteará al Tribunal que debe llevar a cabo el debate.
En la causa, que instruyó la fiscal Cecilia Corfield, Berra fue acusado del delito de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado”. En la misma investigación, también está procesada la abogada Rosario Sardiña, pareja de Berra y en ese momento auditora sumarial de la Auditoría.
Para la fiscal, Berra y Sardiña obtuvieron “información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial”.
“Y que para llevar adelante las tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información tanto pública como privada, hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial, en algunos casos en provecho propio, y en otro de terceros”, según consignó en el escrito en el que pidió la elevación a juicio oral.
Según la fiscal, Berra obtuvo esa información a partir de una clave del sistema Nosis que el Ministerio de Seguridad bonaerense le otorgó a Asuntos Internos y por el que obtuvo información de unas 1.500 personas.
Defensa
Sin embargo, la defensa planteó que el sistema “fue contratado por la cartera de Seguridad para obtener información en forma ilimitada para Narcotráfico, Asuntos Internos e Inteligencia Criminal”.
Según Peña, de los registros de Nosis surge que Asuntos Internos solicitó alrededor de 1.400 informes; Narcotráfico, unos 2.000; e Inteligencia Criminal, más de 40 mil; entre los que se encontrarían varios políticos.
En su indagatoria, Berra negó haber hecho inteligencia sobre civiles que no tenían que ver con la actuación de la fuerza y aseguró que todas las investigaciones “se realizaron en el marco legal” que le otorgaba su función. (DIB)
