La demora en el pago de una obra realizada en el puerto de San Nicolás, transformado en un Consorcio de Gestión (privatización encubierta, para muchos), podría costarle una cifra millonaria a las arcas del Estado bonaerense.
La empresa DASA S.A., que realizó el dragado en dicha terminal portuaria el año pasado, reclama ahora al Director Provincial de Actividades Portuarias de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Gentilli, los intereses devengados por demorar 9 meses en abonar la factura correspondiente.
En su nota de reclamo, a la que tuvo acceso La Tecla.info, la representación legal de la firma sostiene que «con fecha 26/04/2019 se aprobó el pago de la factura N°2 de DASA S.A., por la suma de $ 14.863.543,20, por los servicios de dragado realizados por mi mandante efectuados en el marco de emergencia en el puerto de San Nicolás.
La demandante señala que «la factura fue presentada con fecha 03/09/2018, la misma fue abonada el día 05/06/19, toda vez que debería haberse abonado en última instancia el día 03/10/18, es decir, con plazo un máximo de 30 días.
La empresa sostiene en su pedido que «según normativa vigente y Código Civil y Comecial de la Nación, se han devengado intereses por pago fuera de término».
«Por lo expuesto, solicitamos se disponga el inmediato pago a esta parte de los intereses legales devengados desde la fecha en que se debió pagar la factura y hasta el momento de su efectivo pago, conforma la ley vigente por un total de pesos siete millones setecientos noventa y cinco mil novecientos veinticuatro con 34/100 ($7.795.924,34)».
Finalmente, DASA advierte que deja formuladas expresas reservas por las acciones judiciales a que hubiese lugar por incumplimiento de dicha administración.
Por otra parte, desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de Actividades Portuarias (SUTAP) denunciaron que «la semana pasada se firmó un contrato para realizar un nuevo dragado en dicho puerto, presupuestado en unos 100 millones de pesos, que será pagado con dinero del Fondo Provincial de Puertos, cuando dicha terminal es un consorcio que tiene sus propio presupuesto».
«Incluso, tenemos constancia de que la Dirección de Puertos ya pidió la imputación presupuestaria, por lo que se le va a pagar a un consorcio que no aporta al Fondo. Y encima no se permitió que ningún profesional realice las tareas de control e inspección de la obra de dragado», aseguró Facundo Monticelli, secretario adjunto del gremio portuario.
