La fiscal que encabeza la causa resolvió ampliar la imputación contra Nicolás Rodríguez y su pareja, Daniela Silva Muñoz, empleados del Senado bonaerense.
La fiscal que encabeza la causa resolvió ampliar la imputación contra Nicolás Rodríguez y su pareja, Daniela Silva Muñoz, empleados del Senado bonaerense que permanecen detenidos, acusados de liderar una estructura de características sectarias dentro de la Legislatura. Según trascendió, dos nuevas víctimas declararon y relataron una serie de abusos.
Escándalo en la Legislatura
Tal como informó la agencia DIB, los primeros episodios denunciados se remontan a 2015, cuando una joven de 18 años fue contactada por Rodríguez en ámbitos académicos y políticos, bajo la promesa de una pasantía en la Legislatura. Ese encuentro, que tuvo lugar en un domicilio particular, habría derivado en un abuso sexual. Un año más tarde, en 2016, otra joven de la misma edad denunció haber sido citada por Rodríguez a un departamento en La Plata, donde fue abusada bajo amenazas con armas blancas.
Pero es a partir de ese período cuando, según la investigación, comienzan a aparecer los primeros indicios de una estructura de dominación que excedía el vínculo individual. Entre 2016 y 2017, los abusos se habrían vuelto reiterados y sistemáticos, con la participación necesaria de Silva Muñoz, señalada como pieza clave en la captación y sometimiento psicológico de las víctimas.
La lógica de la “Orden de la Luz”
Durante 2017, el expediente incorpora la conformación de una presunta organización denominada “Orden de la Luz”, que funcionaba con una lógica cerrada, jerárquica y coercitiva. De acuerdo con los testimonios, Rodríguez era presentado como una figura con rasgos divinos o sobrenaturales, bajo el nombre de “KIEI”, mientras que Silva Muñoz cumplía el rol de guía espiritual o “sensei”.
En ese marco, las víctimas relataron haber sido sometidas a rituales, entrenamientos, controles permanentes y amenazas, además de recibir mensajes intimidatorios a través de correos electrónicos y otras vías digitales. Las comunicaciones internas del grupo utilizaban un lenguaje codificado, con claves y referencias que, según fuentes judiciales, evidencian una organización planificada y no hechos aislados.
Fuente: Agencia DIB

