Ambos ex funcionarios están acusados de «haber acordado, coordinado y destinado recursos para la obtención, producción, sistematización y análisis de información» sobre dirigentes y/o ex funcionarios solo por su filiación política.
Los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y el resto de los imputados por las supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre personas privadas de su libertad fueron notificados sobre los hechos por los que serán indagados a partir del viernes próximo, a través de videoconferencia.
Como parte de la mecánica de trabajo impuesta por la pandemia, el juez federal Juan Pablo Augé los notificó por escrito sobre los hechos que se les endilgan, así pueden tomar conocimiento de forma remota y agilizar las indagatorias, que se realizarán a través de la plataforma virtual zoom.
A lo largo de 64 páginas, el juez describió los hechos y enumeró las pruebas por las que serán indagados 25 imputados, entre los que sobresalen Arribas, Majdalani y el extitular del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Emiliano Blanco.
Están acusados de «haber acordado, coordinado y destinado recursos para la obtención, producción, sistematización y análisis de información» sobre dirigentes y/o ex funcionarios solo por su filiación política.
Las preguntas girarán en torno al contenido del «Legajo 9», en el que se investiga el supuesto espionaje ilegal sobre personas privadas de su libertad, como así también sobre sus respectivos entornos: familiares, amigos, militantes y hasta sus abogados defensores.
De la descripción de las maniobras surge también que se indagará sobre el crecimiento del área de legales de la AFI, que mientras estuvo comandada por Juan Sebastián De Stéfano asumió funciones operativas de escucha y trascripción: la justicia sospecha que desde allí se armó la maniobra para intentar voltear la investigación por la cual está detenido el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio, acusado por espionaje ilegal y extorsión.
En el caso de Arribas, Majdalani y Blanco se los acusa de haber acordado que «sus subalternos obtengan información, generen encuentros y mantengan canales de comunicación para fijar objetivos y obtener datos de personas privadas de la libertad bajo la órbita del SPF, alojadas en el dispositivo IRIC (CPF I y II y U. 31)», según consta en el documento judicial al que accedió Télam.
Por órdenes de Emiliano Blanco, el extitular de la Dirección Análisis de información del SPF, Cristian Suriano, «organizó y dirigió un circuito de recolección y transmisión de información, a través de su sistema de delegados» para el cual «ordenó a Sebastián Siri que concentre toda la información, organice el trabajo de sus subalternos y se asegure que los datos lleguen a él y sus superiores jerárquicos», se sostiene en la imputación.
«Una vez recolectada y concentrada la información, era transmitida mediante comunicaciones telefónicas y/o encuentros personales, principalmente entre (los exespías) Alan Ruiz y Jorge Sáez, quienes a su vez la hacían llegar a (los espías de menor jerarquía) Leandro Araque, Facundo Melo, Denise Aya Tenorio y Mercedes Funes Silva», según surge de la investigación.
De acuerdo a la acusación, los principales nexos operativos entre la AFI y el SPF eran los espías Ruíz, jefe del área de operaciones especiales, y Jorge Sáez, que había trabajado en el Servicio Penitenciario Federal, mientras que el resto de los agentes se ocupaban, entre otras cosas, de sistematizar la información que recibían.
«Además de los fluidos contactos que agentes de ambas instituciones mantenían, el acuerdo se vio cristalizado en las reuniones llevadas a cabo entre Emiliano Blanco, Cristian Lionel Suriano, y Gustavo Arribas los días 07/05/2018, 08/06/2018 y 04/07/2018, en la sede central de la AFI ,de las cuales, estuvo al tanto Silvia Majdalani, dado su calidad de segunda al mando, pero también, porque Emiliano Blanco se presentó a la primera reunión preguntando por ella», sostuvo el juez Auge en la imputación.
«En la reunión llevada a cabo el 08/06/2019, con el fin de brindar apariencia legal y cobertura a las actividades que desde hace tiempo venían desplegando, los directores de ambas instituciones celebraron un convenio. Dicho documento fue firmado sin que se hayan producido actos administrativos previos, o que intervengan áreas legales y/o técnicas que le dieran sustento legal y fundamentos de la oportunidad, mérito o conveniencia de su celebración», señaló el magistrado.
Entre las víctimas del espionaje ilegal se encuentran el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime; los empresarios Lázaro Báez, Gerardo Ferreyra, Fabián De Sousa y Cristóbal López, el abogado Jorge Chueco, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exfuncionario Carlos Santiago Kirchner, el exjefe del ejército César Milani, y el exvicepresidente Amado Boudou.
Por otra parte, el juez también describió con detalles cómo habrían sido las maniobras de espionaje que incluyeron la intervención de los teléfonos públicos del penal de Ezeiza en las que destacó el papel que jugó la dirección de Asuntos Jurídicos de la AFI a la que señaló como una dependencia que respondía a Arribas.
«Al momento de los hechos Gustavo Arribas era Director de la Agencia Federal de Inteligencia, quien tenía orgánicamente a su cargo de forma directa la Dirección de Asuntos Jurídicos. Esa dependencia era dirigida, a su vez, por Sebastián De Stéfano; mientras que Bernardo Miguens era Jefe del Departamento ‘Causas judiciales’ y Mariano Ruda Bart estaba a cargo de la Dirección de Asistencia a Reunión sobre Crimen Organizado y Delitos Federales Complejos», describió el juez.
«A fin de alcanzar sus objetivos, Juan Sebastián De Stéfano estableció un mecanismo mediante el cual, sorteando la orden judicial, creó una oficina encargada de realizar la escucha total de todo el producido de los teléfonos públicos de los Pabellones IRIC», donde estaban detenidos exfuncionarios, empresarios y sindicalistas, sostuvo el juez, que además citó ejemplos concretos de cómo se produjo ese espionaje.
De esa área, sostuvo el juez, habrían salido las escuchas y/o transcripciones utilizadas por la entonces diputada nacional Elisa Carrió y el fiscal Carlos Stornelli para asegurar que la causa en la que está procesado el propio fiscal era un armado de exdirigentes kirchneristas para afectar el desarrollo de la denominada causa de los cuadernos.(Fuente:Telam)
