Tras el apartamiento del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena de la causa por el supuesto espionaje ilegal por parte de la AFI, se desató una catarata de pedidos de excarcelaciones hasta ahora, que fueron presentados por los representantes de los 18 detenidos por orden suya durante la última semana, entre ellos la exfuncionaria Susana Martinengo, sospechada de ser el nexo con Mauricio Macri.
La decisión que dio el pié para avanzar a la defensas es el fallo del Camarista Federal platense Agustín Lemos Arias que apartó “por imparcialidad manifiesta” a Villena de la causa por espionaje sobre políticos, empresarios y dirigentes sociales y empresarios, que ahora quedó el manos del juez interino Juan Pablo Auge, el otro magistrado federal de Lomas de Zamora.
Aunque Lemos Arias no declaró en el fallo –al que accedió DIB- la nulidad de ningunos de los actos en los que intervino Villena, sí aceptó las recusaciones que habían planteado tres de los detenidos contra él, los exespías Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge “Turco” Sáez, que sostuvieron que el magistrado no podía seguir a cargo del expediente porque se corría el riego de que fuese parcial.
El argumento de esas defensas se basó en que el mismo Villena que ahora investiga espionaje ilegal había ordenado tareas de inteligencia en las inmediaciones del Instituto Patria y había dispuesto que se interviniera el teléfono público del Penal de Ezeiza, dos hechos que ahora se investigan en este y otro expediente que está en manos de Auge.
Sobre esa base, una de las primeras en interponer un pedido de excarcelación fue la defensa de Martinengo, quien trabajaba, aunque aparentemente sin nombramiento formal, a cargo de la oficina de coordinación de Documentación Presidencial durante el gobierno Macri. Martinengo ya tenía el visto bueno de la fiscalía para cumplir prisión domiciliaria y fue indagada anoche y esta madrugada.
También las defensas de Melo Y Zaez presentaron pedidos de excarcelación. Al conocerse el fallo de la Cámara, la Policía Federal ya había concretado el traslado al juzgado de Lomas de los tres detenidos cuyas indagatorias se preveían para la fecha, Javier Bustos, Dominique Lasaigues y Alan Ruiz; mientras que permanecía en rebeldía el buscado exespía Martín Terra. Todos fueron llevados de vuelta a la sede policial donde están alojados en la ciudad de Buenos Aires, a la espera de nuevas directivas y con sus indagatorias suspendidas.
En la única indagatoria que alcanzó a tomar Villena, Martinengo, se describió como una mujer grande, que tuvo una posibilidad laboral de sumarse a un espacio político y que no cometió los ilícitos de los que se la acusa. Y aseguró que “nunca” recibió informes de inteligencia, aunque confirmó que mantuvo reuniones con los exagentes de la AFI, pero que fueron de índole personal para hablar de temas relativos a su carrera política y que con dos de ellos tenía un largo vínculo de confianza.
Según la investigación, la exfuncionaria se reunió al menos doce veces entre 2018 y 2019 con exmiembros de la AFI en su oficina de la Casa de Gobierno.
Ante el juez y los fiscales, Martinengo aceptó declarar, dijo no tener vínculos con Macri y que mantenía un trato formal, de jefe y subordinado, con el secretario privado del expresidente, Darío Nieto, también investigado en el caso.
Definiciones rápidas
La Cámara le encomendó, además, al nuevo juez de la causa que entre los primeros pasos que dé en el expediente se ocupe de definir las situaciones procesales de todos los acusados que ya fueron indagados entre el miércoles y el jueves por Villena en presencia de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
Ambos seguirán interviniendo en el expediente y su instrucción ya les fue delegada por Auge, como en el caso de la causa en la que se investiga el presunto espionaje ilegal al Instituto Patria y la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
“Resulta imperioso señalar que en la presente causa se investigan hechos de notoria gravedad institucional, que ameritan que sean investigados profundamente con la intervención de un juez sobre quien no recaiga ninguna duda sobre su imparcialidad, y que se encuentre en una clara posición de objetividad para valorar la prueba recolectada y decidir la situación procesal de las personas imputadas”, destacó el juez Lemos Arias en su resolución. (DIB)
