La decisión -que apunta a lograr una «efectiva inclusión»- se tomó en virtud de «respetar y garantizar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos».
Así lo establece el Decreto 721/2020, publicado hoy en el Boletín Oficial, que lleva la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y de la ministra de Mujeres, Diversidad y Género, Elizabeth Gómez Alcorta.
La decisión -que apunta a lograr una «efectiva inclusión»- se tomó en virtud de «respetar y garantizar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos».
Además, en los considerandos del decreto, se señala que «el ejercicio de los derechos de las personas travestis, transexuales y transgénero se ve obstaculizado por un patrón sistemático de desigualdad que afecta particularmente a este colectivo desde la niñez».
«El Estado Nacional, como garante de los derechos humanos, asumió el compromiso de propender a la eliminación de prácticas discriminatorias de cualquier naturaleza que entrañen la violación de derechos», indica la norma.
El decreto agrega que «se deberán establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero», y que esto «en ningún caso debe implicar el cese de las relaciones laborales existentes».
Según se precisa, la medida abarca a las personas travestis, transexuales y transgénero, hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen.
Ellas tendrán derechos a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género o su expresión.
La medida abarca a las personas travestis, transexuales y transgénero, hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen
Se establece además que, «a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia» en el cupo laboral, y se permitirá su ingreso con la «condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos».
En tanto, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y el Instituto Nacional de la Administración Pública capacitarán a las autoridades y al personal del Poder Ejecutivo Nacional para asegurar que la inclusión en los puestos de trabajo se realice «en condiciones de respeto a la identidad y expresión de género de las personas».
Asimismo, se establece que se creará un Registro de Anotación Voluntaria para aspirantes y se crea una Unidad de Coordinación Interministerial que elaborará las condiciones necesarias para el cumplimiento de la norma y su observación.
Repercusiones
La subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Alba Rueda, destacó que el decreto es «una medida histórica» que contribuirá a que los espacios laborales «estén libres de violencia y discriminación».
«Es una medida histórica para que nuestros espacios laborales estén libres de violencia y discriminación. Habrá una fuerte capacitación en recursos humanos, en los equipos de trabajo. Estoy muy emocionada porque es una medida que responde a un reclamo histórico del colectivo trans, y feliz porque se da en este gobierno. Desde el ministerio vamos a ejercer un rol fundamental», dijo hoy Rueda en declaraciones a radio Provincia.
La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, celebró la decisión y consideró que es «una decisión reparadora con una perspectiva de futuro enorme».
«Recibimos con enorme alegría esta decisión», expresó Díaz en un comunicado y analizó que «va completando el plano de los derechos en este caso con las medidas de promoción de acceso al trabajo en una población históricamente tan vulnerada».
Por su parte, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo que el decreto «es en un hecho histórico que busca reparar una desigualdad estructural que existe en la sociedad».
«Existe en nuestra sociedad un patrón sistemático de desigualdad que somete particularmente a las personas travestis, transexuales y transgénero a una cadena de exclusiones y discriminación que muchas veces se inicia en la niñez», sostuvo Gómez Alcorta.
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