Hasta nuestra redacción llegó una nota del Dr. Flavio Ponce, ex presidente del Comité de la UCR Chascomús, que dice lo siguiente:
“EL Decreto 383/25 establece reformas en el actuar de la Policía Federal y replica muchos de los puntos ya existentes en épocas del proceso militar , a la vez que también, presenta postulados que debemos prestarle atención. Algunos artículos establecen un retroceso en cuanto a logros obtenidos por nuestra vida democrática y de libertad en Argentina:
1)Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente.
Con este precepto cualquier persona queda expuesta a la persecución policial de una estructura que paso de ser policía de seguridad a policía de investigación. Conocido como “ciberpatrullaje”.
De esta forma se intenta limitar la opinión de las personas respecto de cuestiones ideológicas o políticas.
2) Realizar requisas personales con orden judicial, conforme con lo establecido por la normativa procesal y demás legislación vigente. Sin dicha orden, podrá hacerlo respecto de personas, inspeccionando los efectos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones de cualquier clase, ante la concurrencia de los siguientes supuestos:
a. Que existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito.
b. Que no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar.
c. Que se practique en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención.
d. En los demás casos que prevea la legislación vigente.
El problema radica en las tareas de prevención (que no están definidas).
Se puede proceder a la detención sin orden judicial.
Hoy nos encontramos en vísperas de un Estado Policial para reemplazar el Estado de Derecho ocupando un rol de investigación, persecución y silenciador de las personas que no piensen igual y olvidando al Estado que garantice la división de poderes, el debido proceso, la presunción de inocencia y que se abocaba a mejorar la vida de las personas.
Cuando hablamos de mejorar la vida de las personas nos referimos a salarios y jubilaciones dignas, hospitales que funcionen, buena educación pública, generación de empleo y programa de viviendas.
Los grupos económicos están gobernando el país, me refiero a las multinacionales que aglomeran empresas de las finanzas, la timba y los grandes medios de comunicación.
Estos intentan debilitar a los partidos políticos que son las únicas organizaciones donde pueden concurrir a participar y hacerse oír los pobres, los de a pie, los que menos tienen. Porque el pueblo sin partidos políticos e instituciones democráticas no tiene a donde ir a expresar sus problemas o inquietudes.
Es cierto que los partidos quedaron en deuda con el pueblo pero no se dejen engañar porque los que vienen a poner orden y libertad son los primeros que están generando el caos y la persecución constante a los que no pensamos igual.
La democracia está en peligro y es momento que los partidos comiencen a funcionar y exclamar su voz ante estos atropellos. No nos comamos el verso del “roban pero hacen” pero tampoco el deque ”algo habrán hecho”.
