FinCEN Files: surgen nuevos datos en EE.UU. sobre la ruta del dinero de Odebrecht en la Argentina

Años antes de que se destapara en Lava Jato en la Argentina, las sociedades offshore y los operadores financieros que intermediaron en los sobornos de Odebrecht durante el kirchnerismo ya se encontraban en la mira de las autoridades antilavado de Estados Unidos. Los FinCEN Files , reportes de operaciones sospechosas, que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelan ahora detalles desconocidos de la operatoria para el pago de «propinas» a funcionarios de toda América Latina.

La unidad antilavado de los Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) recibió al menos dos extensos reportes de operaciones sospechosas en agosto y octubre de 2016 con detalles precisos sobre varias sociedades «pantalla». Entre ellas, algunas que participaron en el pago de «propinas» a funcionarios argentinos como Klienfeld Services Ltd, Innovation Research Engineering and Development Ltd, Trident Inter Trading Ltd, Intercorp Logistic y Magna International Corp.

Esos reportes también alcanzan al Meinl Bank, la entidad caribeña que Odebrecht compró para sus negocios delictivos sin lidiar con preguntas indiscretas. Por esa vía, el holding compró una obra a un reconocido artista latinoamericano, Fernando Botero, por medio millón de dólares, una de las variantes más utilizadas -pero menos conocidas- para lavar dinero de la corrupción.

Por las fechas y los montos, en tanto, algunos de los movimientos de fondos detectados coinciden con las coimas que Odebrecht pagó para quedarse con la construcción de la planta potabilizadora de agua «Paraná de las Palmas» de Aysa. Es decir, una de las tres obras que el gigante brasileño gestionó -sobornos mediante- en la Argentina. Los pagos se concretaron vía Uruguay, donde el dinero se depositó en una cuenta a nombre de Sabrimol Trading, una sociedad controlada por el lobista argentino Jorge «Corcho» Rodríguez.

Los reportes que llegaron a manos de las autoridades de Estados Unidos también identifican a varios operadores que movieron esos fondos ilícitos para Odebrecht y que aparecen vinculados al pago de coimas al círculo directo de colaboradores del entonces ministro de Planificación, Julio De Vido. Entre ellos, los brasileños Fernando Migliaccio, Olivio Rodrigues Junior y Luiz Eduardo da Rocha Soares.

Los hallazgos

Los documentos oficiales en Estados Unidos, que suman más de 120 carillas de información, también apuntan contra la sucursal del Meinl Bank en Antigua y Barbuda. ¿El motivo? Otra entidad, el Standard Chartered Bank, detectó movimientos de fondos sospechosos desde el banco controlado por Odebrecht y alertó a la FinCEN estadounidense.

El Standard Chartered Bank identificó 414 transacciones que de algún modo pasaron por el Meinl entre septiembre de 2010 y agosto de 2015, por un total de US$187,6 millones, apoyado en los datos que entregó un arrepentido brasileño y la información que comenzaba a publicar la prensa.

Fruto de su propia investigación sobre esas transacciones remitidas desde el Meinl Bank, el Standard Chartered detectó varios rasgos llamativos. Entre ellos, que las sociedades «pantalla» Klienfeld, Trident, Intercorp e Innovation usaban «números correlativos de cuentas bancarias» y compartían el mismo domicilio registrado en Antigua y Barbuda. También, que recibieron y giraron múltiples fondos en el mismo día.

Las alarmas del Standard Chartered también sonaron por una transferencia que recibió el reconocido artista, Fernando Botero, por medio millón de dólares. El dinero llegó al colombiano a través de otra sociedad que Odebrecht utilizó para sus transacciones delictivas, Fincastle Enterprises Ltd. Sobre una de esas transacciones de esa firma el informe detalló: «Parece indicar la compra de una obra de arte, ya que cita dimensiones». Y mencionó Botero y una galería que representa al artista. Se ignora, sin embargo, quién fue el destinatario final de la obra de arte, según revelaron El Espectador y Connectas.

Operadores bajo la lupa

Los reportes que el Standard Chartered remitió a la FinCEN también incluyen información sobre varios operadores financieros, «cueveros» e intermediarios en las coimas que pagó Odebrecht en todo el hemisferio, incluida la Argentina. ¿Quién es Fernando Migliaccio? Uno de los dos máximos responsables de la «división de operaciones estructuradas» de Odebrecht, es decir, el sector a cargo del pago de todos los sobornos, y que en febrero de 2016 terminó arrestado en Suiza.

¿Quién es Olivio Rodrigues Junior? Identificado como «Gigolino», fue uno de los «valijeros» que trabajaba a las órdenes de Migliaccio y que ya se acogió al régimen de la «delación premiada» en Brasil. Allí confesó lo que sabe sobre el entramado offshore.

Por último, ¿quién es Luiz Eduardo da Rocha Soares? Camuflado bajo el apodo «Tushio», fue otro de los encargados de coordinar los sobornos para el holding brasileño. Como tal, por ejemplo, envió un correo al entonces CEO de la compañía en la Argentina, Rodney Rodrigues, con detalles sobre ocho giros que envió a una cuenta paralela por US$2,9 millones a finales de 2011. Fugitivo de la Justicia de Estados Unidos, fue detenido en 2016.

Consultados por LA NACION, desde la gigante brasileña se limitaron a señalar: «Odebrecht, hoy comprometida con una actuación ética, íntegra y transparente, ha colaborado de forma permanente y eficaz con la justicia para aclarar los actos que comprobadamente ocurrieron en el pasado».

En la Argentina, cuatro años después de aquellas alertas que recibió la FinCEN sobre Odebrecht, el juez federal Sebastián Casanello elevó a juicio oral la investigación por los presuntos sobornos del consorcio liderado por Odebrecht en AySA. Entre los acusados figuran el exministro De Vido, los exsecretarios José López y Roberto Baratta; los empresarios Tito Biagini, Aldo Benito Roggio y Carlos Wagner, «Corcho» Rodríguez y 19 acusados más.

En su resolución, Casanello consideró probada «la existencia de un acuerdo previo entre los imputados, empresarios y funcionarios públicos de AySA», para «beneficiar a determinadas empresas que resultaron adjudicatarias de las obras» con licitaciones «direccionadas».

Con la colaboración especial de Ricardo Brom (LA NACION Data)

Por: Iván Ruiz, Maia Jastreblansky y Hugo Alconada Mon

FUENTE-LA NACION