Decenas de impugnaciones se presentaron en concurso número 461 del Consejo de la Magistratura para cubrir los cargos de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia en la Cámara Federal porteña.
La presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo, la diputada Graciela Camaño, recibió una catarata de objeciones por la forma en que el tribunal evaluador dispuso el orden de mérito provisorio.
Ese listado tiene en primer lugar al juez federal de Tucumán Fernando Poviña, objetado desde el oficialismo por haber procesado al ex jefe del Ejército César Milani en la causa por la desaparición del conscripto Agapito Ledo, en plena dictadura.
Milani fue juzgado y absuelto por un tribunal oral por ese caso.
Entre las objeciones generales figuran supuestos tratos diferenciales a algunos postulantes, puesto que si bien la consigna de la evaluación indicaba que no se debían escribir más de diez páginas, se aceptaron como válidas 14, 16 y hasta 18.
Los impugnantes cuestionaron que sus pares mejor calificados inventaron datos que no estaban incluidos entre los elementos que planteaba el caso a resolver en el examen, una apelación contra el dictado de una prisión preventiva.
En un examen de esta naturaleza, el tribunal evaluador propone una situación habitual en un expediente judicial que los postulantes podrían tener que resolver en el caso que accedieran al cargo, y meritúan cómo lo resuelven.
Uno de los postulantes bien calificados resolvió que la duración de la investigación y de la preventiva alcanzaba casi un año, un dato que no surgía de ningún lado, pese a lo cual la corrección lo avaló.
En múltiples casos, los impugnantes detectaron que ante resoluciones similares la calificación fue sustancialmente diferente e incluso que ante correcciones mayores el jurado asignó mejores notas.
Otros postulantes que quedaron bien perfilados en el concurso incurrieron en graves errores de redacción e, incluso, dieron por tácitamente derogadas las disposiciones de un fallo plenario del máximo tribunal penal, la Cámara Federal de Casación, sobre los “riesgos procesales” que justifican una preventiva.
El orden de mérito tras los exámenes muestra en los lugares subsiguientes a Poviña a Ignacio Labadens, secretario del Tribunal Oral Federal número uno de la Capital Federal.
Ese tribunal juzgó y condenó al ex secretario de Obras Públicas José Francisco López y ordenó el peritaje clave para el cierre definitivo de la Causa Dólar Futuro, en la que estaban procesados la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, entre otros.
Luego les siguen el defensor oficial Gabriel Gonzalo Rey y el ex secretario de Seguridad de Mendoza Sergio Roberto Rocamora, objetado desde sectores conservadores del Poder Judicial por su formación “zaffaroniana”.
Entre los puestos expectantes también aparecen el juez penal de la Ciudad de Buenos Aires Gonzalo Viña y el juez en lo Penal Económico Diego Amarante.
Este último ya había estado postulado para el mismo cargo pero en otra sala de la Cámara Federal, pero su pliego es objetado por el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, quien incluso promovió su juicio político ante el Consejo de la Magistratura.
Más atrás aparecen el juez de un tribunal oral de San Martín Julio César Di Giorgio y la coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres Agustina Rodríguez.
Muy relegados quedaron funcionarios judiciales que habitualmente obtienen altas calificaciones en los concursos a los que se presentan y han intervenido en casos de resonante impacto público.
Esa lista está integrada por los jueces en lo Penal Económico Javier López Biscayart y Pablo Yadarola, el propio Bertuzzi (que se postuló para una reválida del cargo, para la que parece tener pocas posibilidades), la fiscal federal de Mar del Plata Laura Mazzaferri, el juez federal porteño Sebastián Casanello, la fiscal que intervino hasta hace algunas semanas en la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos, Cecilia Incardona, el fiscal Leonel Gómez Barbella, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak y la jueza de instrucción María Alejandra Provítola, ex secretaria del fiscal Carlos Stornelli.
Todos son funcionarios de larga trayectoria y experiencia en tribunales, que –sin embargo- quedaron muy postergados en las pruebas de oposición.
Antes que ellos quedaron el juez de la Capital Federal Gonzalo Rúa, quien condenó por pedofilia al pediatra Ricardo Russo en una audiencia en la que le explicó detalladamente por qué le aplicaba diez años de prisión, y el juez bonaerense Sergio Pilarche, objetado por la Asociación de Abogadas Feministas de la Argentina (ABOFEM Argentina) por una conflictiva separación de su ex mujer, la bailarina Alicia Barbasola. (DIB)
