Si no se cumple la medida cautelar el Tribunal Criminal 1 de Dolores hace también personalmente responsable al funcionario remiso y remitirá las actuaciones a la Justicia Penal
Días atrás publicamos una nota en la que informábamos que Valeria y Gustavo, vecinos de Chascomús, habías decidido formar una familia por medio del proceso de adopción, realizando todos los trámites y transitando las diferentes etapas que los procesos demandan.
En ese marco dimos cuenta que los padres tenían la necesidad de escolarizar a la niña como uno de los requisitos esenciales de la guarda con fines de adopción.
Al respecto señalábamos que su primer hijo concurre a la Escuela Municipal Nro. 2 y eraconveniente y acertado que la nueva integrante de la familia sea inscripta en la misma institución, dado que los propios profesionales que acompañan el proceso de adopción aconsejaban que siendo dicho establecimiento un lugar familiar, la niña curse sus estudios en el mismo, facilitando su adaptación y fortaleciendo el vínculo con su hermano.
Cierto era que los plazos y requisitos de la inscripción, necesitaban una excepciónpara que se permita a la niña asistir al citado establecimiento educativo.
Pero pese a la singularidad del caso y habiéndose expedido el Concejo Deliberante con una resolución,aprobada por unanimidad,en forma positiva, el Departamento Ejecutivo Municipal, con una notable falta de empatía, se manifestó por la negativa aduciendo una presunta desigualdad con los niños que se encuentran en lista de espera de la mencionada escuela.
La respuesta desfavorable la dio el Subsecretario de Infancia y Juventudes, Lucio Alfonsín, quien,con un aparente desconocimiento del área a su cargo, acabódeterminando que los padres recurrieran a la Justicia.
Ayer se conoció que, tras una presentación de la familia, el Tribunal Criminal 1 de Dolores ordenó que en el plazo de 72 horas la Municipalidad otorgue la vacante a la niña.
La medida cautelar
El Tribunal entre otros conceptos señaló que, analizada la cuestión traída a resolver, cuadra destacar que si bien los derechos que dan sustento a la petición cautelarson palmarios y tienden a hacermaterial el interés superior del niño, en el caso se presentancircunstancias queagudizan la cuestión.
Resaltando además que la presente acción se articula en defensa al conculcado interés superior del niño, en el casus de una pequeña cuyavulnerabilidad se encuentra acabadamente comprobada, condiciones estas (niñez y vulnerabilidad) que por separadoimportan una tutela judicial preferencial, y las que reunidos obligan a tutela ineludible, preferencial, celérica, y eficazen miras a garantizar el pleno goce de los derechos que les son reconocidos.
Destaca también que el artículo 75, inciso 23, de nuestra Carta Magna estableció el deber de legislarse y promover medidas de acciónpositiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechosreconocidos por la Constitución y los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respectode los niños, las mujeres, los ancianos y las personas vulnerables.
Por otra parte recuerda que Constitución Nacional y los Tratados Internacionales establecen la obligación del Estado delegislar y promover acciones positivas en procura de la protección integral de la familia y de los derechos de los niños(artículos 14 bis y 75, inciso 23, de la Constitución Nacional).En tanto que la Convención Americana de Derechos Humanos impone al Estado la obligación de adoptar todas las medidas de protección que su condición de menor requiere para su desarrollo (artículo 19). En similar sentido, laConvención sobre los Derechos del Niño reconoce como criterio rector de todo el sistema de protección el «interéssuperior del niño» (preámbulo, artículos 2.2., 3, 5, 7.1, 8.1, 9.1 y 18.1).
Hace hincapié además en el Artículo 26 1 de la citada Convención que establece: «…Los EstadosParte reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social, yadoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización de este derecho de conformidad con su legislaciónnacional…».
Más adelante resalta que “Estas disposiciones obligan a todas las autoridades del Estado, y puntualmente a los operadores de la justicia, el deberde garantizar la protección integral de todos los derechos de los niños”.
Tras todas las consideraciones, el Tribunal resolvió hacer lugar a la medida cautelar pretendida por los accionantes, por los fundamentos expuestos y,en consecuencia, ordenar a la Municipalidad de Chascomús, en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificadode la presente manda, efectúe las gestiones que resulten pertinentes para que se otorgue vacante escolar en la EscuelaMunicipal Nro. 2 «Hipólito Bouchard» de la ciudad de Chascomús, a fin que se incorpore a la niña en dicha institución, haciendo personalmente responsable alfuncionario remiso en caso de incumplimiento y remitiendo las actuaciones a la Justicia Penal (artículo 239 del CódigoPenal). Mag. votantes: Zampini – Gerez.
Carta de los padres
Hasta nuestra redacción llegó en la víspera una nota de los padres que dice lo siguiente
Somos Valeria y Gustavo, vecinos de Chascomús que venimos pidiendo una vacante escolar en la Escuela Municipal 2 para que Luli pueda ir a la misma escuela que su hermano.
Luli tiene 7 años y vive en Chascomús hace apenas unas semanas, luego de que nos otorgaron su guarda con fines de adopción.
Hoy queremos contarles que después de haber solicitado ante las autoridades municipales la vacante escolar, como se negaron, hicimos el pedido ante la Justicia y el Tribunal Criminal 1 de Dolores ordenó que en el plazo de 72 horas la Municipalidad otorgue la vacante.
Como familia vamos a seguir haciendo todo lo que sea mejor para Luli. Estamos muy contentos con la resolución y agradecidos con toda la comunidad de Chascomús que nos ha dado su apoyo.
