La decisión del ministro Santiago López Medrano de instalar molinetes y un sistema de acceso biométrico, encendió la bronca de los trabajadores que están bajo su órbita debido a las deplorables condiciones en las que desarrollan sus respectivas tareas.
Por estas semanas el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Santiago López Medrano atraviesa un grave conflicto que comenzó en el área de Niñez y que ahora se extiende a otras dependencias. Es que la decisión que adoptó la máxima autoridad de la cartera de comenzar a instalar el Sistema de Acceso Biométrico (SAB) junto con molinetes generó la indignación de las y los trabajadores. El estado calamitoso en que se encuentran los edificios, las malas condiciones laborales y salarios magros en el marco del ajuste presupuestario, son algunos de los señalamientos que realizan los estatales a la hora pensar en el mejoramiento de la situación.
Mientras algunas versiones indican la posibilidad de que López Medrano sea candidato en la localidad de San Martín, la cartera provincial de la que está a cargo padece de serios problemas en los cuales tanto empleados como los sectores más vulnerados que dependen de dicha estructura son los más perjudicados. Como respuesta, el descontento en los trabajadores comienza a expandirse por las diferentes dependencias y además apuntan contra Pilar Molina del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, lugar en el cual comenzó el reclamo.
Días atrás, las autoridades del Ministerio comenzaron con la instalación del SAB en la sede del organismo de niñez en La Plata y los empleados advirtieron que “se avanza en la obra de manera muy precaria”. Entonces detallaron que colocaron “luces de emergencia atadas con precintos del machimbrado metálico del hall y sensores de humo a batería cuando ni siquiera reemplazan los tubos de luz quemados que fueran retirados hace meses”.
“A medida que pasan los días la situación se torna preocupante, ya que la embestida por parte de Molina, López Medrano y Vidal, magnifica el riesgo y peligro en nuestros lugares de trabajo”, y denunciaron que ser “presionados y amenazados” para que registren sus huellas digitales. “Solo eso importa, cumplir con los plazos y garantizar el pago del pliego de la licitación en tiempo y forma, a costa de poner en riesgo la vida de los y las trabajadoras y no dar prioridad a políticas para la niñez”.
En ese marco, la junta interna y delegadas de ATE recordaron que todavía no tienen una fecha de la convocatoria a la Comisión Jurisdiccional del Comité Mixto de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP) para “avanzar con las mejoras edilicias estructurales, plan de evacuación certificado por organismos competentes en la materia”, entra otras cuestiones sensibles.
