Cristina Caamaño deberá explicar ante la jueza María Servini cuáles fueron las medidas que tomó cuando puso a disposición de la justicia federal de Lomas de Zamora el libro de actas en el que figuraban los nombres de agentes del organismo.
La jueza federal María Romilda Servini tomará indagatoria este viernes a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, en la causa en la que se investiga la filtración de identidades de espías y exespías que figuraban en un libro de actas que se incorporó a un expediente judicial.
La audiencia se desarrollará desde las 12:00 por videollamada y la interventora de la AFI tiene previsto plantear que la imputación es infundada porque la información revelada había sido entregada a la Justicia en formato papel junto con una resolución en la que se dejaban expresamente establecidas las medidas de seguridad para su resguardo.
Caamaño fue denunciada como supuesta responsable de que se filtraran las identidades de agentes en actividad y otros retirados que aparecían en un libro de actas que la AFI puso a disposición de la justicia federal de Lomas de Zamora en el marco de un expediente en el que se investigan presuntas maniobras de espionaje ilegal desplegadas durante el gobierno de Cambiemos.
El expediente se inició a raíz de una presentación efectuada por diversas personas que se identificaron como exintegrantes de la AFI, quienes denunciaron que se había hecho público un libro de actas de gestiones administrativas (correspondiente al período 2016- 2018) de donde surgían las identidades de numerosos agentes y exagentes de la central de espías.
Los denunciantes señalaron que aquel libro de actas se cargó en el expediente digital de la causa y llegó a manos de las partes, no sólo de los acusados sino también de los acusadores de la causa de espionaje ilegal, y hasta trascendió en medios de comunicación, lo cual, -se quejaron- expuso sus identidades.
A este sumario se acumuló otro iniciado por la interventora de la AFI, quien denunció que entregó el libro aludido a la magistrada titular a cargo de la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora -por Cecilia Incardona-, en el marco del expediente 5.056/2020, junto con copia de la resolución 991/20, donde aclaró que se debían adoptar las medidas de seguridad para que la compulsa que se dispusiera de la información fuese personal y en la sede donde se encontraba.
En su denuncia, Caamaño afirmó que la nota que acompañó la entrega del libro especificaba que no debía permitirse la reproducción, duplicación o divulgación de la documentación o información, ya sea a través de medios técnicos o humanos, a la vez que indicaba que debía testarse la información que no resultara vinculada a la investigación y surgiera de la documentación referenciada.
En la indagatoria, la interventora de la AFI volverá a explicar que no existe ninguna reglamentación que indique el testado como norma de seguridad, y que cualquier funcionario público a cargo de un organismo está obligado a remitir información, incluso clasificada, a pedido de un juez o fiscal.
También explicará ante la jueza Servini y el fiscal Eduardo Taiano que, cuando entregó el libro de actas administrativas a la Justicia, indicó que, si la Fiscalía consideraba necesario el acceso a alguna de las partes, debía hacerse de forma personal, en la sede judicial y que debía dejarse constancia en un acta labrada en la que se dejaban claras las consecuencias de la revelación de esa información.
En su descargo por escrito ante Servini, los fiscales que intervinieron en la causa de espionaje ilegal mientras estuvo en Lomas de Zamora indicaron que la información aportada por Caamaño fue útil para el avance de la investigación y que les fue entregada, como toda la documentación que les remitía esa agencia, junto con las normas de seguridad para evitar su filtración.
(Fuente: Télam)
