Los gremios, históricamente en comunión con el peronismo, muestran algunas grietas en la gestión de Alberto Fernández. Una de las menos conocidas comenzó a originarse en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el organismo responsable del mantenimiento y la construcción de rutas, en la órbita del Ministerio de Obras Públicas que maneja Gabriel Katopodis.
La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP), el gremio que reúne mayormente a los ingenieros que trabajan en la dependencia, le envió el 18 de junio pasado una nota a Katopodis con un cuestionamiento repetido: sostienen que la administración del Frente de Todos en la DNV priorizó la designación de cargos políticos en puestos que, según el criterio de los ingenieros, debían recaer en profesionales con validación pedagógica y experiencia en el área.
Para los voceros de Katopodis, el argumento de los ingenieros es, por lo menos, débil. Sostienen que la conducción de los organismos públicos suele tener una cabeza política y otra línea de carrera administrativa, algo que ocurre en la DNV.
El documento fue firmado por Jorge Segundo Maturano, secretario general del gremio, y tiene cinco páginas. Entre otras cosas, sostiene que «no se designan a los profesionales con conocimientos científicos del organismo, ni se respetan las incumbencias profesionales para la cobertura de los cargos de la estructura organizativa de la repartición».La nota se hizo con base en el análisis por parte de los ingenieros de las publicaciones en el Boletín Oficial referidas al manejo de la DNV. Según sus cálculos, sobre un total de 45 cargos dirigenciales analizados, al menos 11 están en cabeza de funcionarios sin estudios terciarios o universitarios. Son jefes de distrito, de sección o asesores. Otros 10 están en manos de abogados; siete, de contadores; tres corresponden a arquitectos y sólo dos a ingenieros.
La AP sostiene que la gestión del Frente de Todos desplazó «a los CEOs de empresa que pretendían conducir la repartición por más de 40 nombramientos de personas, muchas de ellas sin títulos habilitantes y/o matriculaciones perfectas y/o sin la experiencia necesaria».
Siempre según sus cálculos, los ingenieros sostienen que el promedio de los sueldos políticos representan US$ 3500 mensuales cada uno.
El organismo también cuestiona que siga en vigencia la empresa Corredores Viales, creada en el gobierno de Mauricio Macri. Según sus sospechas, podría convertirse en la cáscara que termine absorbiendo las tareas de Vialidad. La DNV es una de las principales reparticiones del Estado. Tiene unos 5000 empleados y, hasta el año pasado, sumaba un presupuesto de $55.000 millones.
La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP), el gremio que reúne mayormente a los ingenieros que trabajan en la dependencia, le envió el 18 de junio pasado una nota a Katopodis con cuestionamientos.
Esta es la segunda ocasión en que los ingenieros transmiten por escrito su molestia con el Gobierno. La habían manifestado por primera vez en una carta documento enviada a Katopodis el 5 de febrero pasado. «(…) Vemos con tristeza que se propone designar a un maestro mayor de obras como gerente ejecutivo regional centro de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe; un abogado como gerente ejecutivo de Planeamiento; un arquitecto como gerente ejecutivo de Obras Viales; un exlegislador provincial como gerente jefe de Distrito», sostenía.
Katopodis tuvo anteayer una reunión a través de Zoom con Maturano y su mesa directiva. El ministro les explicó que la estructura de Vialidad no está aún definitivamente resuelta porque la prioridad de la gestión está puesta en reactivar la obra pública. E insistió en que la estructura que llegó con la nueva administración es menor a la que había recibido, está en rediseño y se achicará más todavía.
La pandemia se había entrometido: la nota de los ingenieros no había llegado a las manos del ministro hasta días después de su envío, algo que pasó con otras comunicaciones en medio de la cuarentena.
El objetivo inicial del Ministerio era reactivar la obra pública que, según Katopodis, había frenado la gestión anterior; avanzar en el diseño del Plan de Obra Pública Federal hasta 2023 y en una iniciativa de generación de mano de obra intensiva (Argentina Hace).
En el medio cambió de rumbo y redireccionó los trabajos hacia las necesidades impuestas por la pandemia. Comenzó con la Red de Emergencia Sanitaria Federal para aumentar las camas, donde figuran 12 hospitales modulares de emergencia ya construidos.
El segundo objetivo es reactivar las 270 obras que estaban paradas. En los próximos 45 días, además, debería completar el presupuesto para el año próximo. (La Nación – Por Pablo Fernández Blanco)
