Una resolución de la ANSES firmada la semana pasada encendió las alarmas del mundo judicial. El organismo conducido por la dirigente de La Cámpora Fernanda Raverta dispuso que aquellos funcionarios judiciales que hayan iniciado los trámites jubilatorios y que siguen trabajando deberán renunciar o caerán sus trámites.
La resolución, que puso en marcha la ley que modificó el régimen de jubilaciones del Poder Judicial, alude a una situación que es muy frecuente en el mundo de los magistrados. Es frecuente que al alcanzar los 60 años, jueces y fiscales inicien el trámite jubilatorio pero sigan trabajando en sus cargos. Unos 200 jueces y fiscales se encuentran en esa posición y analizan qué hacer: hay quienes pronostican una catarata de amparos y planteos para detener la medida, que alcanza incluso a quienes ya se les concedió la jubilación.
«En los trámites que se hubieran iniciado a magistrados, en el marco de las normas procedimentales antes vigentes, en los cuales se hubiera supeditado el pago del beneficio al cese, se emplazará al titular para que dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos acompañe la presentación de la renuncia», indica la resolución de la ANSES.
El nuevo régimen de jubilaciones para el Poder Judicial fue modificado en marzo del año pasado. Además de haber elevado el aporte sobre el sueldo de los magistrados, se estipula que deberán jubilarse a través de la ANSES y no del Consejo de la Magistratura, como se hacía hasta entonces. Asociaciones de magistrados y fiscales pidieron la inconstitucionalidad del régimen a fines del año pasado.
Uno de los jueces interpelados por esta resolución dijo a LA NACION que lo interpreta como «una apretada». Otro fiscal consultado por este medio consideró que es una forma de generar vacantes de manera inmediata. «Renunciás y se pierde el estado judicial entonces se generan cargos para cubrir por el gobierno porque debés renunciar», afirmó.
Algunos jueces que ya iniciaron los trámites jubilatorios son el camarista Leopoldo Bruglia, el fiscal Carlos Stornelli -a quien todavía no le fue concedida-, el fiscal de Casación Raúl Plee y el camarista de Casación Eduardo Riggi.
El tema está siendo abordado con preocupación en diversas reuniones, tanto de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) como de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación (Affun).
(Fuente: La Nación)
