Luego de haber llamado en consulta a su embajador para repudiar la detención de opositores por parte de la dictadura sandinista, el gobierno decidió ahora no apoyar una declaración que también exige la liberación de los opositores detenidos
La Argentina adoptó un camino indescifrable frente a los atropellos de la dictadura sandinista en Nicaragua.
La semana pasada se abstuvo en una votación realizada en la Organización de Estados Americanos (OEA) para condenar la detención de opositores por parte de la dictadura de Daniel Ortega. Ayer, en lo que parecía ser un giro en su política exterior, llamó en consulta a su embajador en una estrategia geopolítica conjunta con México. Y este martes dio un paso en dirección contraria: no firmó una declaración en la ONU para exigir elecciones libres y justas.
Cincuenta y nueve países firmaron hoy una declaración conjunta en la que se condena la violación de los derechos humanos en Nicaragua e instan a la dictadura encabezada por Daniel Ortega a garantizar elecciones libres y liberar de forma inmediata a los candidatos presidenciales arrestados en los últimos días por el régimen que comanda. México y Argentina -que ayer llamaron a consultas a sus embajadores- no rubricaron el comunicado. El documento será leído una vez que Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lea su informe sobre el país centroamericano.
“Compartimos las preocupaciones de la Alta Comisionada sobre Nicaragua, incluyendo la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El Gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables. Instamos al Gobierno a cesar el acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos y a permitir que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias”, señala la declaración firmada por las 59 democracias.
En el listado, no aparece Argentina. Tampoco México, socio estratégico del gobierno de Alberto Fernández.
Fuentes diplomáticas intentaron explicar esta posición ante la consulta de Infobae: “Opinar sobre las elecciones de Nicaragua sería intervenir en asuntos internos de un país y es algo que no vamos a hacer, es el principal argumento por el que tampoco acompañamos la votación en la OEA”. La no intervención en asuntos internos de los Estados es utilizada también por la administración de Fernández como una explicación para no condenar a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Sin embargo, la Argentina ha desarrollado una extraña habilidad para aplicar este principio en el marco de las relaciones internacionales. Ayer, envió una carta a Nicaragua para manifestar su preocupación por la detención de figuras políticas de la oposición, “cuya revisión contribuiría a que el proceso electoral nicaragüense reciba el reconocimiento y el acompañamiento internacional apropiados”. Hoy, todo lo contrario: “No podemos involucrarnos en cuestiones de política interior”. ¿Qué fue lo que cambió en apenas 24 horas?
Entre las naciones que sí firmaron figuran: Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Guyana, Haití, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marshall Islands, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Palau, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Corea del Sur, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Gran Bretaña y los Estados Unidos.
La declaración conjunta prosiguió: “Estamos preocupados por el hecho de que el Gobierno no haya implementado reformas electorales significativas antes de la fecha límite de mayo de 2021 fijada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y respaldada por este Consejo en marzo. Nos preocupa profundamente que las leyes recientemente promulgadas restrinjan indebidamente la participación política, la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. La disolución arbitraria de partidos políticos y los procesos penales contra múltiples aspirantes a la presidencia y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su inmediata liberación”.
“Es probable que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas en Nicaragua este noviembre. Instamos a Nicaragua a que se comprometa con la comunidad internacional, a que aproveche la asistencia técnica, a que permita la presencia de observadores electorales internacionales y a que restablezca el diálogo y renueve la confianza en la democracia. Los nicaragüenses merecen unas elecciones libres y justas mediante un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país”, concluyó el documento.
El informe Bachelet sobre Nicaragua
La ONU analiza este martes las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, bajo el régimen de Ortega. En la sesión del Consejo de Derechos Humanos Bachelet presentará actualizaciones de sus informes anteriores sobre el país. La situación de Nicaragua preocupa a Naciones Unidas, que ya expresó que, “de conformidad con su resolución 46/2, el Consejo de Derechos Humanos escuchará la información actualizada sobre la situación de los derechos humanos” en esa nación. Afirma que la misma será “presentada oralmente por la Alta Comisionada”.
(Fuente: Infobae)
