Hace décadas que el problema de la superpoblación en las cárceles bonaerenses siempre necesita una solución urgente. El diagnóstico se repite cada vez con cada motín, como el que tuvo lugar el viernes en una comisaría de Merlo, donde 26 detenidos se sublevaron y tomaron un rehén. Si bien desde el Ministerio de Justicia prefieren no hablar de soluciones mágicas, sí hay novedades: empresas chinas, mexicanas y españoles estarían interesadas en la construcción de nuevos penales.
La idea no es, en rigor, nueva, pero con los hechos acaecidos en Pergamino, donde varios reclusos murieron durante un incendio en la comisaría primera y, más cerca en el tiempo, en Merlo, donde hubo un motón hace pocos días, fue desempolvada. Hace casi un año, el propio ministro, Gustavo Ferrari, reconoció la existencia del proyecto.
En esa instancia, Ferrari había anticipado la idea de buscar «apoyo nacional e inversión público-privada» para la construcción de cárceles: «Cuando uno construye cárceles es porque algo está retaceando en salud, educación o seguridad, entonces en ese marco de aministracion estamos trabajando con el Estado nacional pidiendo apoyo para através de la inversión público-privada, o inversión directa».
Desde esa cartera, igualmente, repiten el mismo argumento desde asunción de Gustavo Ferrari: no hay atajos mágicos y la única forma de darle un cierre definitivo al asunto es la de construir más unidades. La inquietud de firmas extranjeras hace pensar que podría ser inminente el anuncio de algunas licitaciones.
El déficit de plazas carcelarias es, aproximadamente, de diez mil. El primer paso que dio la Provincia para acelerar el inicio de obras –no sólo en este ámbito- es conseguir que la Legislatura apruebe la Ley de participación público-privada, lo que permite iniciar emprendimientos sin que todo el dinero inicial tenga que salir de las arcas estatales.
“Una las empresas que se acercó a consultar es la china Huawei. También estuvieron averiguando empresario mexicanos y españoles”, dijo a INFOCIELO Juan Beric, Subsecretario de Política Penitenciaria. “Se están informando de lo que tenemos pensado para ver si después se presentan llegado el momento”, agregó.
“La modalidad prevista según el ley que tenemos es que el privado se hace cargo de la construcción de la cárcel y después acuerda con la provincia el pago en cuotas”, señaló el funcionario. En ese marco, descartó de plano que cualquier injerencia de la constructora en el manejo posterior de la dependencia.
“El Estado se tiene que hacer cargo completamente porque así lo dice nuestra Constitución”, aseguró. Sí adelantó que la firma a cargo de la obra pueda arreglar previamente la provisión de algunos de los servicios que luego se necesitarán, “como el monitoreo por cámaras”.
La maqueta modelo que siguen en la Provincia es la de la cárcel de General Alvear, que se hizo tristemente célebre en enero de 2016 con la triple fuga. “Tiene tres sectores bien diferenciados con 500 presos cada uno, talleres, recreación, y otras comodidades que son necesarias para la resocialización”, agregó Baric.
Con los números actuales, entonces, se necesitarían unas siete sedes penitenciarias parecidas a esa, con un valor estimado de 1.800 millones de pesos, ya que se calcula entre 1.2 y 1.5 millones de pesos de inversión por cada interna. La de Alvear, de 2001, es la más nueva de las 54 que hay en territorio provincial.
Pero no todo tendría que salir de un esfuerzo de Gobernación.
En el Presupuesto 2018, Nación ya asignó fondos para la construcción de una cárcel en la Provincia, a modo de resarcimiento por el pago nunca actuado por los más de 3000 mil convictos por drogas en el SPB. En este caso la duda pasa por saber dónde se instalará ya que un proyecto de ese tipo siempre genera controversia entre vecinos y dirigentes.
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