A través de una carta, el Gobierno porteño señaló que pidió a la Corte la inconstitucionalidad de los cambios en la coparticipación y que esperará la decisión del máximo tribunal.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la invitación del Gobierno nacional a una reunión para evaluar el nuevo esquema de traspaso de fondos para el funcionamiento de la Policía de la Ciudad, luego del recorte ejecutado por el Ejecutivo y avalado por el Congreso.
La negativa oficial fue cursada por el Secretario General del Gobierno porteño, Fernando Straface, a través de una nota dirigida al ministro del Interior, Wado De Pedro, y su par de Economía, Martín Guzmán, quienes habían cursado la invitación.
Esta semana el Gobierno había invitado a Rodríguez Larreta a un encuentro para definir los recursos para el funcionamiento de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo luego de recortar -primero por Decreto y luego por una ley refrendada por el Congreso- los fondos que Nación destina a la Ciudad, por considerar que el acuerdo -firmado por el expresidente Mauricio Macri- contemplaba recursos muy superiores a los necesarios para el mantenimiento de la fuerza.
En la respuesta a la que accedió DIB, Starface sostiene que “nos vemos impedidos de concurrir a la reunión propuesta ya que hemos planteado judicialmente la inconstitucionalidad” de la ley que habilitó el recorte en el traspaso. En ese marco, desde el Gobierno porteño expresaron que esperará “a que la Corte Suprema se expida” antes de hacer ningún movimiento.
“Desde el primer momento, la Ciudad de Buenos Aires ha impulsado el diálogo y la concertación como mecanismos para lograr consensos, pero consideramos que precisamente en este caso los acuerdos preexistentes fueron dejados de lado de forma unilateral y por lo tanto esta Ley quebranta las bases del federalismo de concertación que pretende promover”, remata.
En el Gobierno porteño reconocen que a principios de 2020 Alberto Fernández le planteó a Rodríguez Larreta la posibilidad de recortar los fondos destinados a la Policía, pero se muestran molestos por el modo en que se dio el anuncio: en medio de las protestas de policías bonaerenses que tenían sitiadas la Gobernación y la residencia de Olivos, el Presidente anunció el recorte de dinero y su traspaso a la provincia de Buenos Aires para mejorar su financiamiento en materia de seguridad.
Los porteños juran que se enteraron apenas unos minutos antes del anuncio a través de un mensaje de texto. Incluso varios intendentes del PRO que acompañaron el acto en primera fila dijeron que no sabían que ese era el motivo de la convocatoria.
La pelea
Durante su gestión como Presidente Mauricio Macri aumentó del 1,4% al 3,5% la Coparticipación a la Ciudad, aduciendo que el incremento se debía al traspaso de las funciones de la Policía Federal a la órbita porteña.
Tras asumir, Fernández aseguró que se trataba de un incremento desproporcionado y le quitó el 1,18% de ese total por decreto. Finalmente, la ley aprobada por el Congreso estableció un giro anual de $ 24.500 millones y estableció un método de actualización por inflación.
Desde el Gobierno porteño rechazaron y judicializaron los cambios, y explican que participar de la reunión a la que los convocaron los ministros De Pedro y Guzmán es convalidar esas modificaciones.
En la carta enviada a ambos ministros, Starface recordó que “la Constitución Nacional establece como necesario el acuerdo previo de la Ciudad como jurisdicción afectada. Pero esto es sólo una ficción jurídica que pretende ocultar el verdadero propósito de violar la autonomía y los derechos de todos los argentinos que viven, visitan, trabajan o estudian en la Ciudad de Buenos Aires”.
Y agregó: “La invitación al acuerdo dentro de un plazo de 60 días es un simulacro que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puede ni debe convalidar. No sólo porque ya se había firmado un convenio con el Gobierno Nacional y se estaba ejecutando sino porque, incluso si se hubiesen querido modificar las condiciones establecidas, la negociación debió ser previa y consensuada para luego, en caso de acuerdo, solicitar la aprobación legislativa”. (DIB) JG
