La presidenta del bloque de concejales de la UCR, Lorena Escaray, se refirió prescripción administrativa irregular de un inmueble en el barrio Lomas Altas por parte del Municipio de Chascomús, que tuvo un fallo en contra por parte de la Justicia, tal como informamos en nuestra edición de la víspera.
En una entrevista con Alejandro “El Tano” Sosa, en el programa Ataque de Radio (FM 102.7 y YouTube @radiopowerch), explicó los detalles dela sentencia que anuló la escritura del terreno en favor de la Municipalidad.
La edil señaló que “el municipio, por decreto, escrituró un terreno a su nombre”, pero el juez contencioso administrativo de Dolores determinó que el procedimiento estaba viciado, ya que “faltaba la verdad material”.
Según explicó Escaray, para que una prescripción administrativa sea válida, es necesario que la municipalidad haya poseído el terreno de manera pública y pacífica durante 20 años, algo que en este caso no se cumplió y fue en desmedro de quien hoy es el poseedor del lote.
Puede costar caro a los vecinos
El revés judicial no solo desató una polémica política, sino que podría traer consecuencias económicas para los contribuyentes. Escaray advirtió que, si la sentencia queda firme, “va a perjudicar a todos los vecinos, ya que deberán pagar las costas del juicio con el dinero de los contribuyentes”.
Con duros cuestionamientos, criticó el accionar del gobierno local: “Es bochornoso ver el procedimiento administrativomás chancho… porque más ilegal no se consigue”.
Pedidos de investigación y control
La concejal adelantó que en el Concejo Deliberante se presentaron dos proyectos para esclarecer la situación.
El primero es una resolución referida al fallo judicial, con la solicitud de intervención del Tribunal de Cuentas para revisar este y otros procedimientos que se estima sondel mismo tipo.
“Como esta acta es de 2019, sería alarmante que se hayan realizado otros procedimientos similares”, destacó Escaray.
El segundo proyecto apunta a la conformación de una Comisión Investigadora para “asignar o deslindar responsabilidades respecto de estas actuaciones por decreto, y si hay responsabilidades civiles, penales, administrativas y políticas en relación a este tema que afecta derechos constitucionales”.
Un problema más extendido
Para Escaray, este no es un caso aislado. Según explicó, hay “varios procedimientos de prescripción administrativa” en curso, y basta con observar los diarios para notar la cantidad de edictos que se publican semanalmente. “Desconozco, pero será de estudio y análisis si todos los procedimientos se hicieron con esta misma mecánica”, concluyó.
El fallo judicial pone en evidencia la importancia de la transparencia en la gestión pública. Cuando los procedimientos no se ajustan a derecho, las consecuencias recaen sobre los ciudadanos. Más allá de las disputas políticas, el desafío es garantizar que el patrimonio de los vecinos se administre con responsabilidad y dentro del marco legal.
