Se trata de Daniel Obligado, que también preside el tribunal que tiene los juicios de Hotesur y Los Sauces. Una fiscal y las querellas podrían apelar el beneficio para el ex vicepresidente. Las diferencias con el caso de su socio
La Corte Suprema le puso punto final a la cadena de apelaciones en el caso Ciccone. Con todas las condenas confirmadas, ahora la libertad de Amado Boudou depende de un solo magistrado. Se trata de Daniel Obligado, el mismo que le otorgó el arresto domiciliario al ex vicepresidente y a su socio con el argumento de la pandemia.
Hay un elemento que podría jugar en contra de Boudou: el fiscal Marcelo Colombo se había opuesto a otorgarle el beneficio por lo que ahora la fiscal de ejecución, Guillermina García Padín, podría pedir que se revoque. También están en condiciones de reclamarlo las querellas: la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.
Rechazados todos los recursos, el expediente ahora pasará a Obligado, que actúa como juez de ejecución desde el Tribunal Oral Federal 4. “Tiene que hacer el cómputo de la pena y definir la modalidad de ejecución”, explicó una fuente judicial.
En abril, ese mismo juez tuvo en cuenta la pandemia para otorgarle a Boudou la prisión domiciliaria. “El actual contexto mundial de emergencia sanitaria a causa del covid-19, ciertamente trastoca prácticamente todas las pautas de las relaciones interpersonales, afectando entonces la implementación de los objetivos conductuales asumidos por el plexo normativo de la ejecución de las penas (ley 24.660), que en definitiva logren con éxito la inserción social de quien resulte condenado, una vez recuperada su plena libertad”, escribió el magistrado en ese momento.
Obligado también valoró la situación familiar de Boudou. “Siendo que el grupo familiar de la compañera del encausado reside en México, y tiene dificultades para viajar por la enfermedad de su padre, a lo cual, ahora, cabría adicionar la prácticamente mundial prohibición de viajar. Boudou, a su vez, tiene dos hermanos, pero uno reside en el interior y con el otro no mantiene vínculo (lo cual surge del informe socio ambiental). En estas condiciones, el único sostén económico y emocional para los niños de dos años, resulta ser su madre”, justificó.
En el entorno de Boudou sostienen que las circunstancias “no se modificaron”, por lo que debería seguir cumpliendo la pena en su domicilio. “Ellos (por el ex funcionario y su mujer) no tienen nadie que los ayude con sus hijos, los padres de su mujer viven en México y Amado perdió a sus padres durante la cuarentena”, respondieron desde el entorno de Boudou para justificar que se mantenga la domiciliaria.
El ex funcionario ya no vive en un edificio de Barracas: durante la cuarentena pidió permiso para mudarse a una casa, tal como reveló ayer Infobae.
Sin embargo, el juez había hablado en ese momento de la “falta de firmeza de la pretendida condena impuesta a Boudou”. Esa situación acaba de modificarse: la Corte Suprema rechazó ayer todos los recursos presentados en el caso Ciccone y de esa manera dejó firme la condena de 5 años y 10 meses para el ex vicepresidente. Por ese escándalo también habían sido condenados José María Núñez Carmona, Nicolás Ciccone (que cumple con la domiciliaria desde el momento de la condena), Alejandro Vandenbroele (el único que no apeló), Rafael Resnick Brenner y Guido Forcieri.
Obligado es un juez cuestionado en Comodoro Py. Además de decidir sobre las prisiones domiciliarias de Ciccone, preside el Tribunal Oral Federal 5, que tiene a su cargo las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, donde la actual vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos están procesados.
Hace unas semanas, la abogada Silvina Martínez lo denunció por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura. Concretamente, lo acusó de “satisfacer los intereses de una de las partes, el de Cristina Fernández” y de “irregularidades en el desempeño de la función, principalmente demoras en la tramitación y falta de impulso de oficio de causas que, de continuar, derivarían en perjuicios para el progreso de las investigaciones y en sobreseimientos por prescripción de la acción penal”.
En el caso de Nuñez Carmona, Obligado le otorgó el arresto domicilio en agosto, luego de dos intentos fallidos, con el argumento del ingreso del coronavirus en el pabellón donde estaba alojado. A diferencia de Boudou, tuvo en cuenta que es un paciente de riesgo. “En este caso considero que se ha demostrado de qué modo y manera la emergencia sanitaria de pandemia covid-19, incrementa los riesgos personales del condenado José María Núñez Carmona en relación a su núcleo familiar conviviente, por lo que en este contexto situacional habré de morigerar su encierro, tornando el penitenciario en domiciliario”, sostuvo Obligado.
Otra diferencia: el fiscal dictaminó a favor de la prisión domiciliaria de Nuñez Carmona.
Ahora, el amigo y socio del ex vicepresidente pasa sus días en un departamento de Mar del Plata, donde vive junto a su mamá de 93 años. Solo salió a la calle para visitar médicos. Siempre con una orden judicial y monitoreado por la pulsera electrónica.
“Sus condiciones de salud son muy distintas y tiene el visto bueno del fiscal”, dijo una fuente de la defensa de Nuñez Carmona. En el caso que la Justicia decida que vuelva a la cárcel, en marzo de 2021 ya estaría en condiciones de pedir algunas salidas transitorias.
(Fuente: Infobae)