Además del aspecto económico, la reforma al sistema de jubilaciones del Poder Judicial sumó en tribunales otra preocupación. Es la posible salida en estampida de jueces y fiscales que ya están en condiciones de retirarse y que optan por hacerlo ante la posibilidad de perder ingresos. Eso aumentaría las ya muchas vacantes que hay en la justicia. En los últimos días tanto jueces y fiscales afinaron el lápiz y le pusieron número al éxodo: 200 personas están en condiciones de retirarse. Ante esta situación, el Gobierno nacional tiene una estrategia para evitar una eventual sangría.
La preocupación surgió la semana pasada cuando al nuevo régimen de jubilaciones, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, el oficialismo quitó de la ley el artículo que establece que los jueces jubilados pueden ser convocados a desempeñar funciones. Se llama estado judicial y permite ante vacantes llamar a magistrados que ya se retiraron.
La iniciativa, que ahora pasará el Senado, encendió las alarmas ante la posibilidad de que muchos lugares queden vacantes y que otros jueces en actividad deban duplicarse y ocupar esos lugares. Es algo que ya ocurre, y con frecuencia, pero desde las asociaciones de jueces y fiscales señalan que la cantidad de vacantes crecerá en poco tiempo y afectará al servicio de justicia.
En la justicia nacional y federal hay cerca de mil cargos de jueces en todo el país, entre los que son de primera instancia, de cámaras y de tribunales orales. Según datos del Consejo de la Magistratura de la Nación -el organismo encargado de la selección de los magistrados- el 25 por ciento de esos lugares están vacantes. A eso que hay que añadir a 150 jueces que ya tienen la jubilación otorgada y podrían renunciar. De hecho 30 de ellos lo hicieron en las últimas dos semanas desde que se conoció el proyecto para reformar el régimen de jubilaciones.
En el caso de los fiscales, según datos de la Procuración General de la Nación, los cargos en todo el país son 350, de los cuales 115 están vacantes. A eso se suma que de los que están en actividad 36 tiene la jubilación otorgada y en las últimas dos semanas otros 21 presentaron su renuncia.
Si todos los que están en condiciones de renunciar lo hacen, más los cargos que hoy no están acusados, cerca de la mitad del Poder Judicial quedaría vacante.
Las dimisiones de jueces y fiscales fueron por lo que consideran una incertidumbre sobre sus haberes ante el proyecto de jubilaciones. Actualmente se retiran con el 82 por ciento móvil de su último sueldo. La iniciativa del gobierno fija que será con un promedio de los últimos 120 sueldos y con una fórmula a determinar. Los que ya tienen la jubilación prefieren irse con el actual régimen y no especular con un sistema que no les da garantías.
Y el problema, señalan en tribunales, ahora será cómo cubrir esas vacantes si no se puede llamar a jueces jubilados. “Un concurso puede durar dos años. En nuestro caso si no podemos llamar a jubilados vamos a tener problemas en varios lugares del país donde en 500 kilómetros hay un solo fiscal”, ejemplificó una fuente de la Procuración General ante la consulta de Infobae.
