El Juzgado en lo Civil y Comercial de Dolores abrió a prueba la causa colectiva iniciada tras años de reclamos vecinales por las fumigaciones en 1.600 hectáreas lindantes al barrio Lomas Altas, en Chascomús. Según informaron los impulsores de la acción, en esta etapa se reunirán elementos para determinar si las aplicaciones provocaron daños ambientales o representan un riesgo para la salud de la población.
En el expediente “S.M. Inés y otros c/ Terra Garba S.A.C.A.I. y F. s/ Acción Preventiva – Daños”, el juzgado dio cinco días a la empresa para que exhiba su Declaración de Impacto Ambiental, acredite la contratación del seguro ambiental obligatorio previsto por la Ley General del Ambiente 25.675 y presente constancias de adecuación al régimen de residuos especiales y peligrosos.
También ordenó librar oficios al Ministerio de Ambiente bonaerense, ex OPDS, al SENASA, al Ministerio de Desarrollo Agrario, a la Autoridad del Agua, al Municipio de Chascomús y al Juzgado de Faltas. Con esas diligencias se busca incorporar las actas sobre el acopio irregular de bidones de agroquímicos constatado en la Estancia Valle Santa Ana y las infracciones registradas en el predio.
La resolución dispuso el sorteo de un perito ingeniero agrónomo oficial para evaluar la deriva de los productos aplicados, la distancia entre las fumigaciones y las viviendas y sus posibles efectos sobre el ecosistema y las napas subterráneas.
El juzgado admitió además los certificados médicos presentados y pidió al Hospital Municipal San Vicente de Paul que los autentifique. Según el comunicado, también dispuso oficios a la IGJ, al Hospital Universitario de Córdoba, a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y a investigadores de instituciones universitarias del país que estudiaron los efectos de los plaguicidas de uso agrícola en poblaciones expuestas.

