La decisión del juez Sebastián Casanello es respuesta a la acción de «inconstitucionalidad» presentada por la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Celeste Fierro.
El juez federal Sebastián Casanello se declaró competente en la causa en la que se pide la “inconstitucionalidad” del llamado “protocolo antipiquetes” del ministerio de Seguridad de la Nación, e instó a la titular de esa cartera, Patricia Bullrich, a que presente “en las próximas 72 horas” un informe que detalle los “fundamentos jurídicos” de su aplicación.
En ese informe solicitado a Seguridad, el magistrado pide que se indique “pormenorizadamente el procedimiento que precedió su emisión, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados”.
“A su vez, deberá informar si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales”, agrega la orden judicial.
De esta forma, Casanello solicita “precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación’” y si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos”.
Además, el magistrado solicita al ministerio de Bullrich que informe si desde la puesta en vigencia del protocolo “se recibieron denuncias en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia”.
“Inconstitucionalidad”
La decisión del juez es respuesta a la acción de “inconstitucionalidad” presentada por la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Celeste Fierro, el 18 de diciembre pasado, cuando aseguró que la iniciativa que prohíbe que sean cortadas calles y rutas durante protestas “amenaza derechos políticos”.
La legisladora calificó la medida judicial como “un primer paso positivo” y pidió que “cuanto antes” Casanello “suspenda el protocolo y lo declare inconstitucional”. (DIB) ACR