La jueza comercial Marta Cirulli ordenó la intervención con desplazamiento total del órgano de administración de Correo Argentino S.A. hasta que concluya el proceso de cramdown o salvataje de la empresa. De esta manera, la magistrada hizo lugar a sendos pedidos en ese sentido, hechos por la fiscal Gabriela Boquin y del Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini.
En su dictamen, la representante del Ministerio Público había advertido que luego de más de 15 años de ordenado el salvataje de la sociedad comercial, se perpetraron actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa, violando lo dispuesto en la ley de Concursos y Quiebras.
Boquin señaló en su momento que agravaron las circunstancias que motivaron la designación en septiembre del año pasado de un coadministrador actuante. En ese sentido, destacó que se ha registrado un aumento del pasivo posconcursal sobre cuyo monto real no hay certezas.
Entre otras irregularidades, la fiscal advirtió oportunamente que la concursada ha estirado de manera inadmisible y exasperante los plazos procesales con la consiguiente licuación del pasivo afectando no sólo al Estado Nacional sino a los restantes acreedores.
Además, en infracción a la ley de Concursos y Quiebras, celebró un contrato de locación de servicios y bienes con Sideco Americana y la compra del paquete accionario de la firma Neficor S.A. a Socma Americana S.A. sin obtener beneficio alguno. También el presunto vaciamiento progresivo de la empresa mediante pagos que están cuestionados y en investigación.
Al respecto, Boquin remarcó que en esta etapa podrían producirse otros actos que continúen agravando la situación patrimonial de Correo Argentino, disminuyendo su activo y perjudicando a los acreedores en caso de fracasar el cramdown (salvataje) que derive en una inmediata declaración de quiebra de la sociedad comercial. Por tal motivo, solicitó que se designe por sorteo un nuevo interventor judicial y se disponga el desplazamiento total del órgano de administración hasta que finalice el proceso de salvataje.
Luego, la Procuración del Tesoro de la Nación hizo una petición análoga adhiriendo a lo solicitado por la fiscalía a comienzos de febrero de este año.
En uno de los considerandos del fallo, la jueza Cirulli afirmó: “Noto que el comportamiento de la concursada en punto a las imputaciones en examen, sólo contribuye a la procedencia del planteo formulado por el Ministerio Público”. Y agregó que “la concursada sigue sin arrojar luz sobre su real endeudamiento, y mantiene un proceder renuente, impensable a esta altura del proceso”.
La magistrada precisó que la empresa de la familia Macri, además de responder parcialmente y “a cuenta gotas” lo requerido por el coadministrador judicial designado, no cuestionó la imputación de la fiscal Boquin sobre una deuda con la AFIP de 600 millones de pesos por impuesto a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta. Esta cifra es más de tres veces el pasivo informado. Además incorporó en forma sorpresiva una deuda de más de 58 millones de pesos sin ninguna explicación sobre la causa y los destinos de esos fondos. Por otro lado, la jueza señaló que la deuda posconcursal asciende al 30 de septiembre de 2019 a 191.997.005,52, en general carente de documentación respaldatoria. Esa cantidad, destacó la magistrada, es reveladora de la desmesura del pasivo acumulado. Esta circunstancia torna ilusoria la posibilidad de cobro de los acreedores, entre ellos el Estado Nacional. Vale recordar que buena parte de esas deudas es con empresas que pertenecen al grupo empresario de la familia Macri, como Socma y Sideco Americana.
Asimismo, Cirulli destacó que “la aparición en el año 2019 de una deuda que dataría del año 2000, que no se conocía y sólo pudo comprobarse por la labor del coadministrador y el contador público que lo asiste, confirma que subsiste un enorme margen de duda respecto a la sinceridad del comportamiento de la concursada.”
Tampoco se cuenta con ningún indicio respecto de la presentación de declaraciones juradas correspondientes al Impuesto a las Ganancias y al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, ni de los pagos a la AFIP en caso de haber correspondido.
La jueza Cirulli sostuvo además que contrariamente a lo manifestado por Correo Argentino acerca de que la coadministración ordenada en septiembre del año pasado había obedecido “al insistente pedido de la fiscal” sino que la medida se tomó de oficio por la suma de irregularidades comprobadas que cometió la sociedad comercial.
