Publicamos un comunicado de la Juventud Radical de Chascomús rechazando el pedido de juicio político a la Corte Suprema de la Nación.
“Expresamos con suma preocupación la iniciativa que tiene el Gobierno Nacional de someter a Juicio Político a miembros de la Corte Suprema de Justicia tras el fallo de la coparticipación a favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y por sus resoluciones sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación, que declaró la inconstitucionalidad de su integración de 13 miembros y repuso la ley anterior de 20 que había sido derogada por el Congreso de la Nación.
Preocupa el orden de prioridades en la agenda de quien encabeza no el poder judicial, sino el Poder ejecutivo. Pobreza, inflación y desempleo son los temas que deberían movilizar al presidente Alberto Fernández. En efecto, los asuntos de la justicia del orden civil, laboral y penal, en tanto no impliquen un ataque o violación al debido proceso de los ciudadanos, son perse un tema recurrente de la justicia ordinaria, y es natural que lo sea sin intromisiones políticas. Por el contrario, los recientes recorridos y apariciones del primer mandatario, solo se han caracterizado por la suma de “adeptos”, gobernadores y dirigentes en lo que parece una búsqueda de culpables, rememorando aquellas disputas caudillistas que movilizaban a líderes locales a la búsqueda de apoyos políticos. Esa etapa fue saldada por un profundo y no tranquilo proceso de construcción del Estado Nación, inspirado en bases constitucionales inquebrantables, que tambien costaron consolidar.
Son este tipo de acciones las que lastiman cada vez más a la independencia de poderes, en un claro entrometimiento del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Si esto llega a tener curso sentaría un antecedente que es muy preocupante para el futuro y sus instituciones. Estamos dando el ejemplo que un presidente puede cuestionar un fallo del máximo tribunal de justicia cuando no le guste el mismo. Cabe destacar que el encono y el rencor comenzó desde que la vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner, comenzó a ser juzgada.
Es preocupante como se ataca a las instituciones. Sin embargo, hay algo aún peor que es el aumento en la frecuencia que se dan estos embates al sistema republicano y su naturalización mediática y en la agenda de quienes rigen los destinos de millones de personas. El respeto y cumplimiento de los fallos judiciales, particularmente aquellos emitidos por el máximo tribunal del país, deben acatarse siempre, en función de la garantía de debido proceso y el Estado de Derecho, pues como dijo el filósofo y jurista Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, “La descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado”.
