Miles de viviendas levantadas en tierras usurpadas son construidas por cooperativas de organizaciones sociales y con fondos del Estado
“Las organizaciones sociales son, por un lado, parte del problema, pero por el otro, también parte de la solución”. La reflexión ante Infobae la realizó un funcionario del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que conoce al dedillo el complejo entramado que se mueve detrás de los movimientos piqueteros. La conversación tenía como eje la usurpación aún no resuelta de la toma de las 100 hectáreas en la localidad de Guernica. “Algunos de estos movimientos están detrás de las tomas de tierras, o al menos fomentan las usurpaciones, pero también son de gran ayuda para los intendentes porque con sus cooperativas de trabajo levantan barrios enteros. Construyen las casas, abren calles, tiran cables de luz y hasta hacen pozos de agua. Y antesde que llegue el Estado para brindar los servicios a las familias más necesitadas”.
Se trata de una fenomenal maquinaria, que mueve millones y millones de pesos, concedidos por los gobiernos de turno para que las organizaciones sociales, a través de sus cooperativas de trabajo, lleguen a donde ellos no supieron o no pudieron llegar, y además den trabajo.
“El tema de las viviendas es así. Se toman las tierras. Si son privadas, se presiona para que los dueños, a través de la municipalidad o de la provincia, las vendan. Después pasan a manos de los que tomaron esas tierras. Ahí entran las cooperativas de las organizaciones para construir las casas. Las cooperativas brindan una solución rápida. Si no fuera por las cooperativas de trabajo, no sé qué pasaría», sostiene Cecilia Galluzzo, cooperativista y secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Programas Sociales, la organización que reclama ante el ministerio de Trabajo para que le otorgue personería gremial.
«En José C. Paz -recuerda Galluzzo- el barrio de viviendas sociales, llamado Lamas, se construyó así. Ese barrio es todo de los cooperativistas por un convenio que se firmó en los últimos meses de la presidencia de Néstor Kirchner y se terminó con el de Cristina Kirchner. Se firmó un acuerdo con el municipio para que ponga los terrenos y nación pagaba los materiales. La mano de obra corría por cuenta de los cooperativistas. Todo funciona muy bien hasta que la política mete la cuchara y quiere sacar una tajada. Cuando los intendentes le dan el manejo a los punteros políticos se desbanda todo”, sostiene y afirma: “Detrás de las tomas están las organizaciones sociales que muchas veces están en connivencia con el poder político y todo lo que hay detrás”.
Son varias las agrupaciones piqueteras, alineadas con el actual oficialismo, que están presentes a lo largo y ancho del país y que manejan miles de cooperativas de trabajo. También que son beneficiadas con entregas de alimentos y otro tipo de planes para que sean distribuidos entre los vecinos y militantes más necesitados.
Entre esas organizaciones sociales se destaca el Movimiento Evita, que tiene como sus dos principales referentes a Fernando “Chino” Navarro, actual secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, un área del organigrama de la jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero; y Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, una dependencia del ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo.
Es la organización social más importante que forma parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), estructura que se sostiene sobre tres pilares fundamentales: el mencionado Movimiento Evita, del cual también forma parte el diputado nacional Leonardo Grosso; el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que conduce Juan Grabois, y el Movimiento Popular La Dignidad, comandado por su secretario general, Rafael Klejzer, actual director de la Secretaría de Economía Social del ministerio de Desarrollo Social.
La Corriente Clasista y Combativa (CCC) fue una de las primera organizaciones barriales que salió a la calle para pedir “tierra, techo y trabajo”, y comenzó con la toma de tierras en La Matanza, el distrito más populoso del conurbano bonaerense y disputar con gobernadores e intendentes la propiedad de las parcelas usurpadas. Su líder indiscutido es el diputado del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, referente, además, del Partido Comunista Revolucionario (PCR).
“La regularización dominial de las tierras es parte de mi vida. El Barrio María Elena, en Gregorio de Laferrere, en La Matanza, nació de la toma de tierras privadas, pero de forma inmediata buscamos la intervención del Estado para que le comprara la tierra a los privados. Así lo hizo. Pero para eso hicimos movilizaciones porque no hay una política de Estado para resolver el problema habitacional. Eran terrenos inhóspitos, fangosos, nos metimos con carpas, sin luz, agua, ni baños. Fue doloroso. Pero lo conseguimos y los compañeros tienen sus escrituras. Las casas las fuimos auto construyendo. Nos costó mucho, pero ganamos en experiencia y ahora construimos hasta en las laderas de las montañas jujeñas. Si no dábamos batalla para quedarnos con esas tierras y construir nosotros, ahora sería Villa Elena en vez del barrio Elena», le dice Alderete a Infobae.
En los años ’90 Alderete y el dirigente de la Federación Tierra y Vivienda y de la Agrupación Miles, Luis D’Elia, marchaban juntos en los reclamos. Así como La CCC construyó el Barrio María Elena sobre tierras usurpadas, el piquetero condenado por la toma de una comisaría hizo lo propio con el ahora Barrio El Tambo, también ubicado en La Matanza.
La CTEP, a través de la Cooperativa 20 de Diciembre también construyó de cero el Barrio San Jorge, unas 600 viviendas ubicadas en Florencio Varela. “Luego de mucho esfuerzo se logró demostrar que las cooperativas de trabajadores de la Economía Popular pueden llevar a cabo un trabajo eficiente y transparente, generando así un sistema que permite crear puestos de trabajo y a su vez realizar una obra de infraestructura con trabajo de interés social. Las organizaciones sociales proponemos esta idea cómo una posibilidad concreta de resolver los problemas laborales, sociales y de hábitat que sufren los barrios populares de nuestro país”, dijo en su momento Emilio Pérsico. Era diciembre de 2017.
Barrios de Pie es otra de las organizaciones sociales de peso en el universo piquetero y del cooperativismo. Su coordinador nacional es Daniel Menéndez, es el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local. Menéndez es referente nacional del partido SOMOS, que lidera la titular del INADI, Victoria Donda. Junto a otros referentes sociales, estuvo presente en Gregorio de Laferrere durante la presentación del proyecto de ley del proyecto de Tierra, Techo y Trabajo que desde la Cámara Baja impulsa Alderete.
Del acto en la “Catedral Piquetera” participó Fernanda Miño, referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) y Secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
El proyecto, que cuenta con el apoyo, entre otros, de Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, propone realizar 375.000 soluciones habitacionales, generar 1.5 millones de puestos de trabajo directos y 1.5 millones de puestos de trabajo indirectos y la compra por parte del estado nacional, provincial o municipal, la adquisición de tierras privadas o la entrega de parcelas fiscales para la generación de nuevos barrios populares.
«La vivienda está en el centro de nuestra agenda. Tenemos que materializar las cuestiones pendientes y en particular en la provincia de Buenos Aires con carencias y problemas estructurales profundos”, dijo el ministro de Axel Kicillof durante la presentación del proyecto de ley apoyado por todas las organizaciones sociales.
“Esta no es una ley cualquiera, es una ley hecha por muchos que han tenido que tomar tierras para construir barrios dignos. Estos compañeros son protagonistas de ese proceso, son los humildes, son los desposeídos, son los que Evita amaba, son esos compañeros los que toman la política”, apuntó a su turno Pérsico.
La presentación en sociedad del proyecto de ley coincide con el conflicto por la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires, entre ellas las 100 hectáreas de Guernica, que tiene al 1° de octubre como ultima fecha para el desalojo.
Si bien buena parte de los barrios y viviendas que construyeron en provincias como Chaco, Salta, Jujuy, o Buenos Aires, fueron sobre terrenos adquiridos por el Estado para desarrollar planes de viviendas sociales, existen otros que fueron edificados en terrenos usurpados y que, a fuerza de reclamos y cortes de calles y avenidas, llevaron a los funcionarios a “acordar” con los dueños privados de las parcelas usurpadas su compra y cesión a los tomadores, regularizando la situación mediante escrituras.
La concreción de estos propósitos -enorme solución para los que no tienen techo y gran frustración para los propietarios que ven sus campos o terrenos invadidos- es posible gracias a una maquinaria política finamente articulada entre las organizaciones sociales y los funcionarios. O al menos un punto de encuentro en el que ambas partes consiguen un rédito. De justicia social para unos y político para otros que muchas veces se traducen en votos.
“Nuestra organización ha hecho 7.200 viviendas en 18 provincias. Hemos firmado un convenio marco con el entonces presidente Néstor Kirchner para conseguir una cantidad de viviendas para nuestra gente. Para eso teníamos que llegar a acuerdos con intendentes, con gobernadores para solucionar el principal problema, dónde construir”.
-¿Y si no les daban las tierras ustedes las tomaban?
-A veces no queda otra. Pero siempre logramos la regularización de dominio. La provincia o el municipio buscaba a los dueños y les compraba las tierras. No queremos eso, por eso presentamos el proyecto de ley Tierra, Techo y Trabajo. Nosotros demostramos que la enorme organización de amplios sectores populares, los descartados de éste sistema perverso, no solo luchamos y nos organizamos en el barrio, también hacemos política y tenemos un programa para transformar esta Argentina.
-Y una vez conseguida las tierras, el dinero para la edificación, para pagar sueldos, para comprar materiales, ¿de dónde sale?
-De los fondos nacionales. Mire, si hablamos de tierra, nos referimos a un derecho legítimo. Para vivir y trabajar, y en Argentina y América Latina la tierra está en manos de unos pocos. Si hablamos de techo, plantamos la bandera en la lucha para que no haya más hacinamiento de millones de familias como vemos en los asentamientos en las villas y los barrios populares. Cuando decimos trabajo, afirmamos que las organizaciones sociales desde su nacimiento pelearon y seguirán peleando por trabajo para todos los que habitan nuestro suelo.
No sólo en el conurbano bonaerense las organizaciones sociales toman tierras para después construir los barrios populares. Alderete recuerda, por ejemplo, que el ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, adquirió a los dueños las tierras que la Corriente Clasista y Combativa tomó en esa provincia, y allí, con las cooperativas de la CCC, construyeron las 420 viviendas que conforman el Barrio Finca Valdivia.
Algo similar sucedió con el Barrio Che Guevara, en San Salvador de Jujuy. Allí sucedió algo muy curioso, el que colaboró desde el Estado nacional para destrabar el conflicto por la toma de esas tierras, fue el entonces viceministro de Desarrollo Social, Sergio Berni, actual ministro de Seguridad bonaerense. La ministra del área era Alicia Kirchner y la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Alderete lo recuerda así: “Berni intercedió ante la gobernación de entonces (el peronista Eduardo Fellner) para que la gente que estaba tomando las tierras privadas, fueran trasladadas a un predio muy cercano a la toma y que eran terrenos provinciales porque los propietarios no querían vender”.
El dirigente social y diputado aclara que en algunos casos, la propia CCC adquiere los terrenos con dinero “de la propia organización, hacemos las viviendas y se las vendemos a los compañeros en cuotas muy accesibles. En La Matanza hicimos dos barrios así. El último fueron 52 viviendas en terrenos adquiridos por sus miembros, a la altura del kilómetro 44 de la Ruta 3, en la localidad de Virrey del Pino.
Casos similares de tomas y regularización forzosa de las tierras, estuvieron protagonizadas, por otras organizaciones sociales, como el Movimiento Evita y la CTEP aunque ellos lo nieguen. De hecho, uno de sus referentes, Juan Grabois, ya había advertido que la toma de tierras era un hecho inminente. También lo que viene detrás de las usurpaciones. (Fuente: Infobae)
