Fue por 51 a 47 en las tres comisiones. Ya tenía dictamen de Obras Públicas y Defensa de la Competencia. Todavía no está definido si la propuesta será tratada la semana que viene.
En una votación ajustada, la oposición consiguió ayer el dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados del proyecto de «tarifas razonables» impulsado por los bloques peronistas Argentina Federal y el Frente Renovador.
Con estas firmas, la iniciativa ya está en condiciones de llegar al recinto el miércoles que viene porque la semana pasada obtuvo dictamen en Obras Públicas y en Defensa del Consumidor. Por el momento, el oficialismo no confirmó la sesión pero la oposición insistirá para que suceda. Sería el 9 o el 10 de mayo, y en esa sesión la oposición necesita una mayoría simple (129 votos o la mitad más uno de los presentes) para darle media sanción al proyecto.
La votación total de las tres comisiones fue de 51 a 47. La oposición tuvo mayoría en Obras Públicas -allí sacó la diferencia- y minoría en Defensa de la Competencia y Presupuesto, que fue de 23 a 22 a favor de Cambiemos.
Para la oposición es una victoria importante en un afán de modificar el cuadro tarifario del Ejecutivo, aunque el adelanto de Marcos Peña de que Mauricio Macri vetaría la ley la dejaría sin efecto.
El anuncio del jefe de Gabinete fue muy criticado en la comisión, aunque la gran parte de los bloques se lo veía venir: «Nos están tomando el pelo», resumió al respecto Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda.
Si bien el kirchnerismo tenía su propio proyecto que implicaba retrotraer los precios de las facturas de servicios públicos a los de comienzos de 2017 y congelarlas durante el 2018, terminó apoyando en disidencia el de los bloques peronistas.
La propuesta que presentaron UNA y Argentina Federal tiene tres ejes principales. Por un lado, que las tarifas de luz y gas para las residencias de familias no puedan subir más que los salarios y tengan estabilidad por 12 meses. Luego, que los aumentos para las pymes, cooperativas de trabajo y empresas recuperadas no sean mayores al índice de precios mayoristas del Indec. Y por último que para los clubes de pueblo, barrio y entidades de bien público se implemente un sistema de tarifa social en el que paguen solo el 20% del valor de la factura.
Asimismo, plantea que «las empresas proveedoras de servicios deberán generar un crédito a favor del usuario si las tarifas a partir del 1° de noviembre de 2017 aumentaron más que el índice de precios mayoristas del INDEC o que los salarios», que se le elimine la alícuota especial de 27% de IVA para consumo de servicios públicos de pymes y se prohíba la creación de nuevos impuestos a los servicios públicos.
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