Llamativamente un gobierno local que firma los convenios a referéndum del Concejo Deliberante y gasta dinero en obras incorrectas cuya autorización por ordenanza venció, termina actuando ante el Tribunal de Cuentas de la forma que desde hace años tendría que haberlo hecho el Cuerpo Deliberativo
El pasado 5 de junio el Intendente Javier Gastón vetó en forma total la ordenanza 5722 aprobada el día 24 de mayo de este año, por mayoría opositora, por la que se suspendía el cobro de la tasa por uso del espacio público hasta el 30 de diciembre de 2023.
Por otra parte el Ejecutivo Municipal elevará la citada ordenanza al Tribunal de Cuentas para que estudie si pueden ser sancionables, por excederse en sus atribuciones, los concejales de Cambiemos Chascomús y la UCR, que la votaron afirmativamente.
La norma en cuestión se basaba en una solicitud de los comerciantes ante la delicada situación que afronta el sector.
En cuanto al veto de Gastón se argumenta que la doctrina del Tribunal de Cuentas señala que de acuerdo a “los artículos 192° y 193° de la Constitución de la Provincia”, “no es una atribución” del Concejo Deliberante tener iniciativas de estas características:
Lo cierto es que llamativamente un gobierno local que firma los convenios a referéndum del Concejo Deliberante y gasta dinero en obras incorrectas cuya autorización por ordenanza venció, termina actuando ante el Tribunal de Cuentas de la forma que desde hace años tendría que haberlo hecho el Cuerpo Deliberativo.
