Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, ex secretario privado del matrimonio Kirchner, seguirá presa acusada de haber formado parte de la asociación ilícita en la causa de los cuadernos. Así lo resolvió ayer la Cámara Federal, al rechazar un pedido de excarcelación que había formulado la defensa de la mujer.
«La libertad de la imputada podría poner en serio riesgo la investigación y recolección de pruebas» porque existe «un riesgo procesal suficiente que por el momento justifica mantener la detención», advirtieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en un fallo al que accedió Infobae.
Pero mientras se avanza en la investigación sobre la ruta del dinero de al menos USD 70 millones que pasaron por las manos de Daniel Muñoz y su entorno y se fugaron al exterior, el juez Claudio Bonadio también decidió llamar de nuevo a declarar a un grupo de ex funcionarios, encabezados por el ex ministro de Planificación Julio De Vido.
Según pudo saber Infobae, Bonadio citó para la semana próxima (el 13 de noviembre) a De Vido, a su mano derecha, Roberto Baratta; al secretario de éste, Nelson Lazarte; y a Hernán Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación. También fueron citados el secretario del ex ministro José María Olazagasti y el remisero Hernán del Río.
Fuentes del caso señalaron a este medio que la decisión de convocarlos está vinculada a «adecuar la investigación», con vistas a hacerles conocer nuevos hechos que surgieron de las declaraciones indagatorias de otros empresarios involucrados: Marcelo Mindlin (de Pampa Energía), Alberto Padoan (ex socio de la empresa Vicentin y presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario) y Rubén David Aranda de la empresa Chimen Aike.
El 1 de agosto, Bonadio dispuso una serie de detenciones por la causa conocida como de los cuadernos de corrupción, que -desde aquel día- no paró de crecer con las confesiones de al menos una veintena de empresarios y de ex funcionarios que relataron cómo entregaron o recibieron dinero, vinculado a los negocios que se llevaban adelante desde el Ministerio de Planificación y Obras Públicas.
Bonadio procesó a la ex presidente Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita que recibió coimas y dádivas. A De Vido y a Baratta los puso como organizadores y al resto de los involucrados como miembros de la banda. Las defensas de los involucrados rechazaron las acusaciones: los que no confesaron porque sostienen que son infundados los cargos; los que se arrepintieron porque afirmaron que pagaron obligados. Los fiscales, sin embargo, pidieron agravar los cargos (sacar dádivas y que sea todo cohecho) y ampliar la lista de organizadores.
Mientras la Cámara Federal analiza todo este capítulo y prepara un fallo para diciembre para revisar toda esta situación, los jueces tuvieron que intervenir en otro capítulo que se le sumó al expediente: el que analiza la plata que pasó por las manos de Daniel Muñoz, el ex secretario de los Kirchner a quien varios imputados aseguraron haberle entregado el dinero que iba destinado al matrimonio presidencial.
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