Tal como recordamos en la nota de tapa, el 2 de diciembre del año 2021, el oficialismo ya derrotado en las aprovechó la primera sesión de prórroga del Concejo Deliberante, donde tuvo por última vez mayoría, para aprobar con voto nominal de 9 a 7 de la oposición, en forma acelerada el convenio para poder adjudicar la obra del Ecoparque.
Dicho convenio con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación permite la implementación del Basurero Ecoparque en la Ruta 20 con la posibilidad de la entrada de basura de otros distritos, ya que fija que en caso de recibir solicitud de ciudades cercanas, la Municipalidad se comprometió a evaluar la factibilidad jurídica, económica y fáctica para recibir residuos provenientes de dichas localidades que deberán ser autorizados por los Concejos Deliberantes, pero con el peso de que esa puerta puede quedar abierta ya que aportaría dinero para mantener los gastos que en el futuro el Ecoparque le originará al Municipio.
En esa oportunidad, el tema dio origen a un intenso debate entre la oposición y el oficialismo, que en realidad tuvo las características de un camino paralelo, en el que el oficialismo defendió el proyecto enviado por el Ejecutivo Municipal sobre la base que se había cumplido con todos los requisitos de ley y la oposición sostuvo que nada estaba cumplimentado, arrancando porque no existió consulta a la población, se improvisó rotando el predio de disposición final desde el Porteño, pasando por el barrio Los Ranqueles y la cava tras en Castillo, hasta terminar en la Ruta 20 sin atender la negativa de los vecinos.
Finalmente los bloques opositores hicieron hincapié en que el tratamiento final de los residuos tampoco será el apropiado, destacando que existen métodos con los que se recupera prácticamente el 100%, sin recurrir a los enterramientos que prevé el proyecto de obra.
Existió ese momento un único punto en el que todos los concejales coincidieron y fue en la necesidad de cerrar el basurero del barrio El Porteño, que tiene 35 años de existencia y no 50 como con inentendible insistencia lo califica el gobierno de Javier Gastón. La diferencia radicó en que por un lado para el oficialismo el cierre es este convenio y por el otro para la oposición el cierre debía realizarse en el marco de un estudio profundo del proyecto y el convenio, con la participación de la comunidad y no a las apuradas.
Observaciones al convenio
Siempre dentro de este marco es interesante recordar las observaciones que se realizaron desde la oposición y una muy importante es la que tiene que ver con el futuro compromiso económico.
Compromiso económico
Según la Clausula V del convenio, el beneficiario se compromete una vez recibida las obras a administrar, operar y mantenerlas. La Nación cubre el financiamiento por dos años y luego se debe hacer cargo el Municipio o tercerizarlo.
Este compromiso generó varias preguntas:
¿De dónde saldrá el dinero para la mantención y la operatividad de la planta?
¿Cuánto dinero se estipula que va a ser el costo operativo de la planta?
¿Cuál será la partida presupuestaria para los imponderables?
¿El personal a cargo de la operatividad de la planta serán empleados municipales o cooperativos?
Obligaciones
De acuerdo a la Clausula VII, el Municipio debía presentar un proyecto Ejecutivo Solvente y Estudio Económico, algo de no se conoce si se cumplió.
Además debía acreditar constancia de realización de consultas públicas y participación comunitaria y audiencias públicas. Es lo que ahora se intenta cumplir un año y medio después.
También la Comuna se comprometió a acreditar la conformación de un consorcio o asociación municipal consolidada en caso de corresponder, a los fines de proponer y aplicar una reglamentación uniforme por el sistema de GIRSU generado en el territorio de los Municipios Integrados. Esta obligación que da inicio a la apertura para la llegada de basura ajena, se cumplió, al menos en primera instancia, porque se firmó un acta compromiso con Municipalidades de la zona.
Recepción de basura ajena
Por su parte, y en el mismo sentido, la Clausula XXVII establece promover GIRSU e incentivar a otras localidades a erradicar los BCA y Crear centros de disposición final.
Y la Clausula XXXVI, fija claramente que en caso de recibir solicitud de otras localidades cercanas, la Municipalidad se compromete a evaluar la factibilidad jurídica, económica y fáctica a recibir residuos provenientes de dichas localidades a través de acuerdos multilaterales que deberán ser autorizados por los Honorables Concejos Deliberantes.
Es decir que la existencia de una ordenanza de años atrás que protege el ingreso de residuos de otras localidades a Chascomús, hoy ya no es tan cierto.
Una ordenanza se cambia con otra y a partir de la aprobada para el convenio cuando haya intención de hacerlo, local o de gobiernos provinciales y/o nacionales, la puerta se abrirá dejando en manos de los concejales la oportunidad o no de permitirlo, pero con el peso de que se deberán buscar recursos para el financiamiento del Ecoparque y dicha puerta abierta podría aportarlos.
