Luego de faltar a cuatro audiencias seguidas, hace tres semanas tuvo la oportunidad de declarar. Lázaro Báez optó por leer, con muchas dificultades, un texto que nunca escribió. Dijo todo lo que quería. Pero de manera inesperada la Justicia otra vez le dio la palabra. Ayer, mientras se realizaba la asunción de Alberto Fernández y el edificio de Comodoro Py estaba casi desierto, dos de las juezas del Tribunal Oral Federal 4, que llevan adelante el juicio por la “ruta del dinero K” lo autorizaron a ampliar su indagatoria. Pero esta mañana el empresario se negó a ser traslado desde la cárcel de Ezeiza, pudo confirmar en fuentes judiciales.
El tribunal también le permitió ampliar su indagatoria a otros acusados. Así, en la audiencia de este miércoles también están citados Daniel Pérez Gadín (que ya declaró más de siete horas), Federico Elaskar, Fabián Rossi, y el abogado Jorge Chueco.
Con estas decisiones, los alegatos, que debían comenzar a fines de noviembre, recién podrán arrancar en 2020, tal como pretendían varias defensas. Eso implica un recambio casi obligado entre los abogados que representan a las tres querellas: AFIP, UIF y la Oficina Anticorrupción. “No tiene importancia, el fiscal sigue siendo el mismo”, minimizó una fuente judicial. Pero el impacto real en el juicio todavía no se puede medir.
Las juezas Adriana Palliotti y María Gabriela López Iñíguez hicieron lugar ayer al pedido de la defensa de Báez para ampliar su indagatoria. En cambio, el presidente del tribunal, Néstor Costabel, votó en disidencia argumentando que es una medida “dilatoria” y que Báez se negó a declarar en las audiencias del 16, 23 y 30 de octubre y el 6 de noviembre. Recién admitió el traslado a Tribunales el 20 de noviembre.
Ese día, el empresario dijo que fue víctima de una “persecución mediática y política” y habló de una campaña de los servicios de inteligencia en su contra. “Nunca fui testaferro de Néstor Kirchner ni de su familia. Soy una víctima de la campaña atroz por parte de los poderes reales”, destacó.
Báez aseguró que fue detenido “injustamente” y su familia “fue objeto de una persecución”.“Destruyeron a mi familia y las actividades de mis empresas, fui acosado por el servicio de inteligencia a la orden del actual gobierno, para que involucre al peronismo y a la ex presidente”, agregó.
