Los fiscales del caso cuadernos quieren que las confesiones de los arrepentidos se utilicen en otras causas

A tres meses de la explosión de la causa de los cuadernos de la corrupción, la sintonía entre el juez Claudio Bonadio y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo mostró uno de sus primeros cortocircuitos: fue por la decisión del juez de no compartir los legajos de los «arrepentidos» con otros magistrados de Comodoro Py 2002 y del interior del país que investigan causas de corrupción, en las que figuran varios de los protagonistas de las anotaciones del chofer Oscar Centeno.
Ahora, los fiscales le pidieron a la Cámara Federal que revoque el criterio de Bonadio: dijeron que el juez habrían incurrido en una «arbitrariedad manifiesta» porque la ley 27.304 «no establece prohibición alguna de que la declaración como acto jurídico pueda ser incorporado a otro expediente». Y explicaron que aunque Bonadio tenga un año para corroborar los dichos de los arrepentidos en el caso cuadernos, los tiempos corren para las otras causas penales que se abrieron con anterioridad y en las que las confesiones podrían ser claves.
«Las declaraciones de los arrepentidos son un acto público que goza de entera fe y una vez que es homologado pasa a incorporarse al expediente y constituye un documento público» disponible para «todos los tribunales y fiscales de todo el país, cuya eficacia será valorada por el tribunales que en definitiva intervenga», sostuvieron Stornelli y Rívolo en el escrito al que accedió Infobae.
La dupla Stornelli-Rívolo atacó también la hipótesis de una autoincriminación en otros procesos: la Constitución Nacional prohíbe que un imputado sea obligado a declarar contra sí mismo, «situación que dista mucho de los imputados-arrepentidos» cuando asesorados por sus defensas «deciden libre y voluntariamente aportar ciertos datos o información» en el «ejercicio mismo de su libertad de expresión y de la toma de decisión estratégica de colaboración, en post de un beneficio futuro al cual se ha comprometido». Y que, una vez homologado, pasa a ser «una pieza jurídica de un expediente donde ha sido celebrado el acuerdo».
Los fiscales añadieron que el Ministerio Público es uno solo («en su actuación es único e indivisible», un punto importante para avanzar en otras causas), advirtieron un «gravamen irreparable» si la Cámara Federal no analiza la cuestión y sostuvieron que no compartir los legajos de los imputados-colaboradores «frustra la finalidad del proceso penal mismo y el cumplimiento de las obligaciones internacionales por el Estado» en materia de lucha contra la corrupción.