Volvió a mostrar mensajes sobre supuestos contactos entre la expresidenta y Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones y principal contratista de la obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos del kirchnerismo. Es la penúltima jornada de alegatos de la fiscalía.
Los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola reanudaron hoy su alegato en el juicio por supuestas irregularidades en el otorgamiento de obra pública al empresario Lázaro Báez, durante la presidencia de Cristina Kirchner.
En su alocución, Luciani consideró que “hemos dejado al descubierto la intervención de Cristina Kirchner para beneficiar a Báez”, sostuvo en la octava y anteúltima jornada de alegatos de la fiscalía. Durante la penúltima jornada de las nueve previstas para la acusación, el fiscal reiteró que “Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Cristina Fernández”.
Durante la tarde, el fiscal aseguró que la expresidenta fue “la jefa de la asociación ilícita” que habría conformado con el empresario Báez, exsocio de la familia Kirchner, y exfuncionarios del ministerio de Planificación.
“Se ha constatado que los ex presidente Néstor y Cristina Kirchner; el exministro Julio De Vido; el secretario de Obras Públicas, José López; el director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti crearon una matriz de corrupción en la Administración pública y tomaron parte de ella” y que la maniobra “se extendió a lo largo de doce años”, afirmó Luciani, en referencia al período de 2003 a 2015. “Formaron e integraron una organización criminal” que “se dedicó a cometer múltiples delitos” con el objetivo de “sustraer fondos del Estado”, aseguró.
“Se montó un ministerio de Planificación y se dotó de funcionarios de confianza” para que cada uno cumpliera un rol determinado en la supuesta organización criminal, explicó el fiscal. Esa estructura ministerial, dijo, “no se alteró durante las dos presidencial de Fernández de Kirchner”.
También dijo que los exfuncionarios “omitieron los controles legalmente establecidos sin perjuicio de que sí se encargaron de controlar el éxito de la maniobra para la adjudicación de manera direccionada con mecanismos arbitrarios a una misma persona”, Báez. Según la fiscalía, “una estructura de la naturaleza descripta no hubiese podido operar sin la aprobación de los expresidentes” Néstor y Cristina Kirchner.
Luciani también ahondó en la supuesta participación directa de la entonces presidenta en el operativo de huída de Austral Construcciones tras la derrota electoral, y los roles de José López y Julio De Vido, entre otros, para que la empresa de Báez cobrara la mayor cantidad de millones posibles antes de convertirse en una “empresa fantasma”. En el mismo sentido, expuso cómo Báez habría desviado dinero de Austral Construcciones en la compra de estancias y beneficios personales antes de abandonar la empresa y conducirla a la quiebra, con deudas previsionales con la AFIP.
En el medio, Báez fugó unos US$50 millones al exterior a través de sociedades offshore y cuentas en Suiza, hecho por el que ya fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero agravado.
López, Báez y Carlos Kirchner, son tres de los imputados conectados en las audiencias de alegatos. Fernández de Kirchner solicitó autorización al tribunal para ausentarse. Captura de YouTube.
El teléfono de López
Luciani mostró otra vez los mensajes entre José López y Julio Mendoza, de Austral Construcciones, del 30 de noviembre de 2015, sobre una supuesta reunión entre Báez y “la Sra” . “Ese día, según los portales de noticias, Cristina estaba en el Sur”, dijo Luciani.
La vicepresidenta es al principal acusada del caso que suma 13 imputados, entre quienes también está el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el ex secretario de obras públicas José López.
El fiscal expuso las boletas que acreditan los millones que el empresario Lázaro Báez cobró por contratos de obra pública, obras que le reprocha que incumplió o abandonó, y leyó una por una las estancias que Báez compró en Santa Cruz y otras propiedades en el resto del país con los fondos públicos. Luciani identificó 293 propiedades y afirmó que “ahí está la plata de las obras que no se hicieron”.
Luciani destacó que Báez era “un monotributista en 2003 que en 12 años pasó a ser uno de los mayores terratenientes del país”, lo que justificó afirmando que adquirió más de 415.000 hectáreas en Santa Cruz, una superficie que equivale “a 20 veces la ciudad de Buenos Aires”.
Como contraposición, recordó que a pesar de los cientos de millones facturados al estado, el grupo empresario terminó yendo a la quiebra por el reclamo de una deuda de tres millones de pesos de una empresa que repara máquinas viales. “Una suma insignificante”, consideró Luciani.
El fiscal Sergio Mola inició su parte del alegato refutando a los imputados y afirmando que “el lawfare no existe”.
Cinco de las denfesas buscan apartar a los dos fiscales que encabezan la acusación en el juicio, Luciani y Sergio Mola, incluida la defensa de la Vicepresidenta. Luciani fue cuestionado por integrar un equipo de fútbol con uno de los miembros del Tribunal y jugar un partido en la Quinta Los Abrojos, que pertenece al expresidente Mauricio Macri.
En jornadas anteriores señaló que desde el entorno de la Vicepresidenta se le reclamaba acomodar su situación y dejar de operar, ante el cambio de gobierno y con la llegada de Macri al poder. (DIB)
