El presidente Mauricio Macri creó con el Decreto 795/2019 la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que si bien será un “ente autárquico”, seguiría funcionando en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En un principio la idea del Gobierno era traspasar el programa a la órbita del Poder Judicial, pero esa decisión quedó empantanada en el tire y afloje de la negociación que contó con la negativa de Alberto Fernández y con la resistencia de tribunales a hacerse cargo del paquete.
Antes de dejar el cargo, Macri quiso traspasarlo con un incentivo para la Cámara Federal de Casación Penal: 50 contratos de personal a ser repartidos por el máximo tribunal penal, que debería absorber bajo su égida (aunque sólo de manera formal) la estructura de testigos protegidos. Y además un deslinde de responsabilidad respecto de su funcionamiento y presupuesto, que quedará en cabeza del director del área -de manera exclusiva- y de fondos aplicados por el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, ese DNU listo para la firma también naufragó.
Lo cierto es que ahora el jefe de Estado consiguió un atajo y creó una Agencia independiente. Según consta en la norma publicada esta viernes en el Boletín Oficial, el programa fue destinado “a la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de testigos e imputados que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos allí previstos”.
