El debate tiene como principales acusados a tres abogados y un asesor previsional de un estudio que tramitaba beneficios fraudulentos.
Tras casi un año de debate, instancia de alegatos en Mar del Plata en el megajuicio por asociación ilícita y más de 300 fraudes contra la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), con perjuicio al Estado de cientos de millones de pesos, que tiene como principales acusados a tres abogados y un asesor previsional de un estudio que tramitaba beneficios fraudulentos.
El fiscal federal Nicolás Czizik, quien estaba a cargo de la Fiscalía Federal N° 2 de Mar del Plata cuando se instruyó la causa, alegó este lunes en la sala del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Allí también se encontraban las defensas y algunos de los imputados, mientras que los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Luis Imas y Karina Yabor siguieron la audiencia de manera remota, al igual que otros acusados y sus abogados.
“La cantidad de casos detectados, las diferentes maniobras, un engranaje prolijo, coordinación entre sus miembros, la utilización de influencia indebida sobre funcionarios públicos, ofrecimiento de dádivas, sobornos; una vez que se verifican todas estas situaciones, no puede hablarse simplemente de multiplicidad de episodios, sino de un grupo coordinado, con permanencia en el tiempo, predeterminado a la comisión de delitos de diversa índole, con interés económico, que ha causado alarma social”, expresó el fiscal durante su exposición, citado por el sitio del Ministerio Público Fiscal, “Fiscales”.
A juicio llegaron 31 personas acusadas de ser parte de una asociación ilícita. Sin embargo, Czizik adelantó que pedirá la absolución de los beneficiarios de las maniobras desplegadas, a excepción de dos de ellos.
Previo al inicio del juicio, otras diez personas reconocieron su responsabilidad en los delitos imputados y rubricaron acuerdos de juicio abreviado, mientras que 23 fueron sobreseídas por reparación integral, al haber saldado la deuda originada con los fraudes en los que estaban involucradas. Cinco más fallecieron, tres antes de comenzar el debate y otras dos, semanas atrás.
Para Czizik, la prueba reunida durante el debate permitió demostrar el modus operandi de la organización criminal. En primer lugar, presentaba ante la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP) declaraciones juradas rectificativas falsas, que declaraban relaciones laborales inexistentes, como también “denuncias Z”, que es una herramienta de los trabajadores contra la parte empleadora por incumplimiento en aportes y contribuciones que nutren el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Con esta estrategia, “simularon ante Anses el historial laboral de muchísimas personas, respecto de quienes se gestionaron beneficios previsionales, sobre la base de haberes inexistentes o por montos superiores a los reales”, explicó el fiscal. Ello redundaba en mayores ganancias para el estudio previsional que compartían los cuatro principales acusados: Luis Miguel Iros, Roberto Balbuena, Rubén David Cagni y Luciano Conrado Diez Suárez.
El camino que seguían algunos casos era la tramitación y obtención de retiros tempranos por invalidez, por montos calculados sobre la base de datos falsos y a través del fraude, la manipulación de historiales médicos, de procedimientos administrativos y judiciales.
Para el fiscal se tiene por probado que los abogados Iros, Cagni y Diez Suárez, junto a Balbuena, dirigieron una empresa criminal dedicada a la obtención por vías fraudulentas de beneficios previsionales. Dicha organización estaba integrada por los cuatro nombrados, como jefes, y cuanto menos por Daniela Andrea Livi, José Ricardo Caliyuri, Fernando Daniel Fernández, Rodrigo Néstor Jones, Ariel Fati, Alejandro de la Torre Kriscovich, Rodolfo Rubén Barone, Gustavo Enrique Domínguez, Juan Carlos Soria, Eduardo Alberto Moyano, Nazareno Di Giovanni, Fernando Biesa, y los fallecidos Miguel Norberto Coelho, Miguel Ángel Marcello y Ramón Gerardo Tula, consigna Fiscales.
Una denuncia de Anses
El caso que dio origen al expediente fue una denuncia realizada en abril de 2016 por Anses ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social por posibles fraudes en el otorgamiento de beneficios previsionales. Los veinte hechos iniciales se fueron multiplicando con el correr de los años y el avance de la investigación.
Sobre la base de los empleadores presuntamente falsos, se lograron identificar un universo de 369 casos de fraude contra la administración pública, a las que se sumaron dos hechos de cohecho, tenencia de armas y de documentos de identidad ajenos y, como marco, la existencia de una asociación ilícita entre abogados, médicos, exfuncionarios de Anses, funcionarios de AFIP, una contadora y otros participantes.
A la denuncia inicial, en 2017 se sumó otra realizada por AFIP por la presentación de “denuncias Z” fraudulentas, y un año más tarde se acumuló un expediente que tramitaba en el fuero ordinario, a partir de una denuncia de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
El foco apuntaba a un estudio ubicado en la esquina de la avenida Paso e Hipólito Yrigoyen. En marzo del 2018 se realizó el allanamiento en el lugar, que permitió darle robustez no solo a la posibilidad de relaciones laborales falsas sino también al fraude en la obtención de retiros tempranos por invalidez, para lo que necesitaban una “pata médica”, explica Fiscales.
En el estudio, además de material probatorio, se encontró el funcionamiento de lugares para realizar exámenes médicos, sellos de médicos, y la existencia de 245 exhortos provenientes de la Cámara Federal de la Seguridad Social, en los que se aguardaba el resultado de una pericia médica ordenada. Dos médicos involucrados en la causa, en marzo de 2019 firmaron acuerdos de colaboración y su testimonio robusteció la hipótesis de fraudes en la tramitación de retiros tempranos por invalidez. (DIB) GML
