La quinta movilización federal exigió el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Hubo gases, balas de goma y denuncias de agresiones a trabajadores de prensa. Entre los detenidos se encuentran dos adolescentes de 14 y 17 años. La oposición no consiguió quórum para tratar el rechazo al DNU 70/23
Una multitud se movilizó ayerfrente al Congreso de la Nación en la Quinta Marcha Federal Universitaria, para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y expresar su rechazo al ajuste del Gobierno de Javier Milei.
La jornada estuvo atravesada por la represión policial, con manifestantes y trabajadores de prensa heridos, además de detenciones que incluyeron a dos menores de edad.
Estudiantes, graduados, docentes, no docentes, autoridades académicas, organizaciones sociales y sectores sindicales participaron de la convocatoria. La CGT acompañó la protesta y sostuvo que la defensa de la universidad pública está vinculada con la democratización del conocimiento, el ascenso social y la soberanía nacional.
Mientras se desarrollaba la movilización, fracasó por falta de quórum la sesión especial impulsada por la oposición para tratar el rechazo al DNU 70/23. Se hicieron presentes 121 diputados, ocho menos que los necesarios para habilitar el debate, y se registraron 136 ausencias.
Entre quienes no concurrieron hubo integrantes de Provincias Unidas y Argentina Federal, además de los tres representantes del bloque Independencia, que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. La falta de número impidió avanzar con el tratamiento y provocó cuestionamientos entre los manifestantes.
Pasadas las 15.30 las fuerzas de seguridad avanzaron en las inmediaciones del Palacio Legislativo con camiones hidrantes, gases lacrimógenos, efectivos motorizados y disparos de balas de goma. Participantes de la marcha señalaron la presencia de personas encapuchadas que arrojaban objetos contra las vallas y advirtieron que no pertenecían a sus organizaciones. Esos testimonios plantearon sospechas sobre posibles infiltrados, sin que la información aportada permita establecer su identidad o pertenencia.
En relación con las detenciones, el medio consignó versiones sobre alrededor de veinte personas apresadas por las distintas fuerzas. Por su parte, la Policía de la Ciudad confirmó oficialmente seis detenciones: dos adolescentes de 14 y 17 años y cuatro adultos, tres hombres y una mujer, imputados por atentado y resistencia a la autoridad.
La represión también alcanzó a trabajadores de prensa. El fotógrafo de Página/12 Guido Piotrkowski denunció que un agente de la Policía Federal salió de detrás de las vallas, le apuntó y disparó mientras realizaba la cobertura. Relató que recibió un impacto de bala de goma en el pecho y que otro compañero fue alcanzado en una pierna. El medio informó, además, que una trabajadora de prensa comunitaria debió ser atendida en un hospital por múltiples heridas de ese tipo.
Otra manifestante, identificada como Andrea, contó que un elemento utilizado para lanzar gas le golpeó la cabeza y que necesitaba asistencia hospitalaria.
Los gases también dificultaron la salida de diputados de Unión por la Patria que intentaban acercarse a la plaza. El diputado socialista Esteban Paulón también denunció que los gases alcanzaron el hall del Congreso.
Pese a la intervención policial y a la intensa lluvia, los organizadores realizaron el acto y leyeron un documento en el que reclamaron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Allí señalaron que existía una medida cautelar que exigía el cumplimiento inmediato de sus artículos referidos a salarios y becas.
El pronunciamiento destacó el papel de la universidad pública como herramienta de justicia social, movilidad ascendente y construcción de soberanía. También advirtió que la gratuidad resulta insuficiente si los estudiantes carecen de recursos para sostener sus carreras y reivindicó la contribución de la ciencia y la tecnología al desarrollo del país.
